NUEVA YORK/FDL. El juicio en contra del ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, en el que están involucradas otras 21 personas, se iniciará este martes con la declaratoria de culpabilidad del ex teniente coronel Lidio Arturo Nin Terrero, quien negoció una pena de cuatro años y seis meses, y otros cinco vinculados que se transaron a cambio de distintas sanciones. Los imputados que estarán en el proceso son 15 en total. Tres obtuvieron su libertad bajo fianza.
Del grupo de los 21 se fijaron fianzas de US$25,000 a Henríquez Díaz, Cruz Crisóstomo y Peña Mejía. Otros seis se declararon culpables y negociaron sentencias leves entre estos el casa cambista Abel Burdiez y el ex coronel de la Policía Nacional Lidio Nin Terrero, el chofer Tirso Cuevas Nin y el empresario José Pérez Ferreras mientras que el ex teniente Reyes Mendoza, quien trabajaba en la seguridad de la Dirección General de Aduanas fue absuelto y regresó a Santo Domingo.
Algunas vistas en las que compareció Paulino Castillo frente a la jueza Kimba Wood y los fiscales, se hicieron a puerta cerrada y los resultados se "sellaron" para la opinión pública y los medios de prensa.
Hasta ahora el único abogado del grupo que ha guardado un extraño silencio sobre el caso es Lawrence F. Ruggiero, que representa al ex capitán extraditado desde República Dominicana.
El juicio está fijado para las 10:30 de la mañana en la sala 15-B de la Corte Federal situada en el 500 de la calle Pearl en la parte Este del Bajo Manhattan.
El juicio incluirá, según se confirmó ayer en horas de la mañana, la declaración de testigos que serán "importados" desde la República Dominicana, comparecencias no frecuentes en procesos judiciales de Estados Unidos.
La jueza aprobó que el agente especial de la DEA en Santo Domingo identificado sólo como "el agente Torres" y oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), testifiquen en la causa.
El grupo estará al frente de la jueza Kimba Wood y un jurado, cuyo panel determinará las responsabilidades de cada uno de los imputados. El comienzo del juicio de fondo fue presionado por la propia jueza, una de las magistradas de mayor prestigio y credibilidad dentro del sistema de justicia federal de los Estados Unidos y a la cual se le considera una de las más rectas e imparcial.

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