Narcotráfico y Violencia

Los periódicos informan que la Playa de Sabana Uvero, en Baní, cerca del lugar de la masacre del lunes, es desde hace tiempo un "santuario del bombardeo de drogas", lo que cuadra con la versión extraoficial de que junto a la casa donde vivían los masacrados se estaba construyendo un almacén de narcóticos.

Pero el senador por la Provincia Peravia, Wilton Guerrero, y el obispo emérito José Arnáiz no tuvieron temor de denunciar el miércoles que el poder económico del narcotráfico ha penetrado hasta los encargados de combatir el crimen, obligando al gobierno a encargar al secretario de las Fuerzas Armadas, al Jefe de la Policía Nacional y al Procurador General a investigar y rendir un informe.

El senador Guerrero fue contundente al denunciar que en los últimos años las dotaciones de la Policía Nacional, de la DNCD y el Ministerio Público han estado al servicio del narcotráfico en la provincia, que no hacen otra cosa que cobrar peaje, habiendo hecho de Baní una especie de "zona franca del narcotráfico".

El obispo Arnáiz no se quedó muy atrás al afirmar que al país le será difícil librarse del narcotráfico debido a los recursos millonarios que mueve y a "la seducción que ejerce en algunas autoridades encargadas de combatirlo".

Las afirmaciones del senador Guerrero y el obispo Arnáiz causaron impacto, pero no parecen exageradas si se tiene en cuenta que el 25 de julio pasado el presidente de la DNCD, general Ramírez Ferreiras, reveló que en su gestión de dos años en ese organismo ha cancelado a cerca de 5 mil agentes por vincularse a actividades ilícitas, especialmente al narcotráfico.

Aunque es un secreto el número de agentes de la DNCD fuentes vinculadas indican que no llegan a cinco mil, lo que revela una situación dramática.

Las estadísticas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas no difieren mucho. El 15 de febrero la secretaría de las Fuerzas Armadas informó que desde el 2004 han sido cancelados dos mil 300 militares, incluyendo 2 generales y 6 coronales, por robos, narcotráfico y otros delitos.

Esos datos con indicativos de que una proporción demasiado significativa de las personas que el Estado recluta para labores militares y policiales se vinculan a actividades ilegales, incluyendo relevantemente el narcotráfico.

Eso significa que el Estado dota de armas y reviste de autoridad a muchas personas más inclinadas a la búsqueda de riqueza fácil que a la persecución de los delincuentes. A eso se suman los riesgos que corren aquellos que asumen su función con honestidad. Fte: J. Bolívar Díaz (CD)

Publicado por: Sócrates Mercedes.-