Una nueva estafa con rango constitucional: El Defensor del Pueblo

La figura del “Defensor del pueblo” ha vuelto a bailar con la etiqueta de conquista social en el polémico proyecto de reforma constitucional presentado al Congreso por el presidente Leonel Fernández. ¡Cuánta paradoja!

Mientras por un lado se castra el Poder Judicial, por el otro se crean organismos que teóricamente suenan muy bonitos, pero que, en la práctica, no son más que nichos para fomentar el clientelismo político.

Un Defensor del pueblo que será impuesto por el Poder Ejecutivo o por una mayoría congresual ¿qué papel va a jugar en defensa de los derechos humanos y las libertades públicas en una nación en que hasta de la Constitución se burlan impunemente”.

Este país cuenta, en honor a la verdad, con más entidades para adecentar la administración pública, combatir la corrupción y proteger las libertades que muchas naciones desarrolladas y celosas de su ejercicio institucional. ¿Y de qué han servido?

El Defensor del pueblo fue aprobado en 2001, pero a la fecha las autoridades no han podido llegar a un acuerdo para seleccionarlo. Ahora se ha introducido a través de la reforma constitucional, cuando ni siquiera la propia Carta se respeta.

Pero al parece es necesaria la figura, aunque sea para engatusar o presumir en el exterior. EN