Asegura continua uso y abuso de los recursos del Estado en la campaña

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El uso y abuso de los recursos del gobierno central y los municipios en beneficio de candidatos sigue marcando la tónica del proceso electoral en claro detrimento de los contendientes que no desempeñan una función pública, de conformidad con los juicios contenidos en el segundo informe de observación electoral de Participación Ciudadana presentado este lunes.

Santiago Sosa, coordinador de la entidad cívica no partidista, criticó que persista la práctica del presidente Leonel Fernández de tomar parte de actividades proselitistas en las cuales son usados los recurso del Estado en beneficio de los candidatos oficialistas, en abierta violación de la Ley Electoral, lo cual provoca una situación de inequidad entre aspirante a una misma posición.

Esta participación activa en la campaña electoral, añade Sosa, tiene también otras consecuencias indeseables, como es el descuido de las responsabilidades inherentes a la jefatura del Estado.

Igualmente preocupa a la entidad la utilización de los fondos del llamado Fondo de Asistencia Social (“barrilito”), por 22 senadores aspirantes a la reelección.

“No hay dudas que el barrilito de los senadores es una flagrante expresión del clientelismo financiado con fondos del erario público, en detrimento de la cobertura de las tantas necesidades nacionales, y a la vez un ventajismo antidemocrático que auspicia la perpetuación en los cargos públicos. Razones más que suficientes para que sea eliminado”, dice PC en su informe.

En lo relativo a los aspirantes que ocupan funciones públicas, se constata que solo un 20 por ciento ha cumplido con lo establecido en la Ley Electoral, con la circunstancia agravante de que “prácticamente todo el gobierno, encabezado por los propios ministros, ha asumido responsabilidades de dirección en la campaña, dedicando su tiempo y recursos estatales a la movilización y el apoyo logístico en tareas partidarias que en periodos electorales son de tiempo completo”.

En su informe, Participación Ciudadana alude críticamente el alto número de candidaturas que se reservaron los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) en detrimento de la institucionalidad y la democracia interna. A consecuencia de estas reservas, el transfugismo alcanzó en este proceso dimensiones inéditas, al punto de que 12 congresistas se presentan a la reelección en una boleta distinta a la de su partido de origen.

“Otra muestra de este problema es que el Presidente de la República y el presidente del principal partido de la oposición mantienen una competencia pública para determinar cuál de los dos juramenta más tránsfugas”, añade el informe. 7D