Procurador para el servicio eléctrico dice 50% de los usuarios se roban la luz

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El procurador general adjunto para el servicio eléctrico, Moisés Ferrer, afirmó que el 50 por ciento de los usuarios está conectado de forma fraudulenta a las distribuidoras de electricidad, lo cual perjudica al otro 50% que sí paga por la energía que se le suministra. “Ciertamente el 50 por ciento de la energía que se distribuye se pierde como consecuencia del fraude eléctrico en la República Dominicana. Sin embargo, una proporción de un 25 a un 30 por ciento de ese 50 se pierde por la incapacidad e ineficiencia de las compañías distribuidoras de captar y regularizar a los consumidores de algunos sectores en el Distrito Nacional y el resto del país”, sostuvo Ferrer.

Manifestó que la ineficiencia de las distribuidoras al no realizar las gestiones de captación de nuevos clientes y organizar los medidores, es lo que provoca el caos en el servicio eléctrico.

Citó el caso de algunos sectores que reclaman que le coloquen los medidores y no les han sido colocados.

“Obviamente, debemos destacar que responde a factores económicos, pero también a la falta de una política eficaz en la captación de nuevos clientes y la regularización de usuarios”, enfatizó.

De acuerdo a Ferrer, la situación provoca también que las partes restantes, con capacidad de pagar la energía que consumen, utilicen medios y mecanismos fraudulentos para apropiarse de la energía, sin pagar la totalidad de los kilovatios que consumen.

Aunque reconoce que todavía es necesario el subsidio que brinda el Gobierno, favorece que se le dé curso al proyecto de ley introducido por el senador Adriano Sánchez Roa, que busca la rescisión de todos los contratos privados y de todas las empresas capitalizadas de generación de energía eléctrica con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Informó que la pieza legislativa, que fue enviada a estudio en la Comisión de Energía y minas, permitiría disminuir en lo inmediato un 34% de los aportes que por concepto de subsidio eroga el Gobierno, y esto a su vez impactaría en la tarifa a los usuarios, de una reducción de un 22.3%, “lo cual nos colocaría a la par con el kilovatio hora de los demás países del área que oscila entre diez y quince centavos de dólar. Sin embargo, con el actual esquema en República Dominicana se paga 26 centavos de dólar”.

Destacó que con esta medida no sería necesario que el Gobierno recorte el presupuesto de ministerios de tanta importancia como Salud Pública, Medio Ambiente y Deportes, entre otros.

“Si hay voluntad y disposición ese proyecto sería aprobado en un mes, y se evitaría que parte del futuro dominicano sea mermado por el desvío de estos fondos”, indicó.

El magistrado valoró también la renegociación de precios con suplidores de energía, AES Dominicana y la Falconbridge realizada por el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Celso Marranzini, quien logró un ahorro de 65 millones de dólares, equivalentes a dos mil trescientos cuarenta millones de pesos.

“Esto podría tomarse como una muestra de lo beneficioso que sería para el país, que esos leoninos y abusivos contratos firmados en la pasada administración de Hipólito Mejía, encabezada por César Sánchez, lo cual le permitiría al Estado dominicano energía más barata o al precio del mercado, y negociar defendiendo los intereses del país y no los intereses de un grupo de generadores o suplidores de energía, y dotar de los recursos necesarios a la Procuraduría General Adjunta para el Sector Eléctrico (PGASE) para que pueda realizar una labor de persecución y combate al robo de energía en la República Dominicana”, argumentó.

Ferrer entiende que con medidas como ésta se resolvería el problema eléctrico existente en el país. ND