Contaminan las pruebas a militares

El mamotreto hecho por la PN y las FA no sirve para nada!

Están contaminadas las pruebas obtenidas por la Policía y Fuerzas Armadas a los 13 oficiales investigados por alegada vinculación en la red de José David Figueroa Agosto, aseguró una fuente de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Además, las intervenciones telefónicas hechas sin la autorización de un juez y la recolección de pruebas sin la participación del Ministerio Público, invalidan las pruebas.

A eso se le agrega la prisión por más de las 48 horas establecidas por la Constitución.

La fuente, muy cercana a la investigación, dijo que ningún estamento militar o policial puede hacer investigaciones sin la presencia de un fiscal. Así lo dispone el Código Procesal Penal fundamentalmente cuando se pretende llevar el caso a los tribunales.

“No importa que ahora hayan enviado a la Fiscalía el expediente, eso debieron hacerlo en principio para que los fiscales participaran en la investigación para no contaminar las pruebas”, precisó.

Por esa irregularidades cualquier juez anularía el proceso, aseguró.

El apoderamiento del expediente se produce luego que el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, designara a dos procuradores general adjuntos y un fiscal adjunto, para determinar las implicaciones de los militares.

Estos funcionarios son, respectivamente, Frank Soto, Bolívar Sánchez y el fiscal adjunto Bienvenido Fabián Melo.

En el expediente acusatorio figuran los mayores Aneury Rodríguez Rodríguez, de la Fuerza Aérea; Juan Ramón Aquino Rodríguez, del Ejército, y Víctor Liviano Fernández, de la Policía.

Los capitanes José Manuel Helena Rodríguez, de la Policía, y Ernesto José Peguero Mota, del Ejercito. El segundo teniente Arnulfo Encarnación Medina y el sargento Darwin Ovidio Rodríguez, del Ejército.

El consultor jurídico de la DNCD, John Garrido, dijo que apoderaron al Ministerio Público para que abra una investigación que permita establecer la responsabilidad penal de los militares y policías.

Sin embargo el expediente lo remitieron con varias pruebas obtenidas en los recintos militares y policiales.

Garrido, quien durante la audiencia de hábeas corpus del lunes, donde siete de los 13 oficiales fueron puestos en libertad, declaró al juez que los agentes estaban en prisión por decisión de sus instituciones, no por mandato de la DNCD.

“Si los militares y policías tenían responsabilidad penal, se evidenciaría en la etapa investigativa”, dijo.

Todavía permanecen detenidos en las instituciones a que pertenecen, el mayor del Ejército Roberto Soto Feliz, Moisés Bautista, el teniente coronel Alfredo Vargas y el cabo Argenis Buathis Soriano, ambos del Ejército y el coronel Carlos Fernández Concepción, quienes no interpusieron recurso de hábeas corpus.

Los jueces Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente, y Eduardo Sánchez Ortiz, de la Cuarta Sala, son los magistrados que dispusieron la libertad de los oficiales.

Ahora la Fiscalía del Distrito iniciará una investigación y tomará sólo como referencia las pruebas obtenidas irregularmente.

Someterlos o no

Según la Dirección Nacional de Control de Drogas, será la Fiscalía del Distrito Nacional la que determinará si procede o no someter a los oficiales a la justicia.

El organismo antinarcoticos se percató de esa situación después de mantener a los oficiales detenido más del plazo que establece la Constitución de la República