De aprobarse modificación, el sector público pagará ITBIS

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Pese a que el Gobierno se ha empeñado en decir que no se trata de una reforma tributaria, uno de los proyectos de ley sometidos la semana pasada al Congreso establece la ampliación de la base de al menos dos impuestos.

El proyecto de “Ley de racionalización de gastos tributarios e incentivos” enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo contempla la eliminación del ITBIS y del impuesto selectivo al consumo o a las importaciones de las empresas públicas.

La pieza sometida al Congreso por el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, incluye todas las instituciones del Gobierno Central; instituciones descentralizadas y autónomas no financieras; la Seguridad Social; las empresas públicas no financieras; las instituciones descentralizadas y autónomas financieras, las empresas públicas financieras y todas las alcaldías. Solo se exceptúan los ministerios de Salud Pública y Educación. 7D

La reforma tributaria implica reducción del gasto social ya que el resto de las instituciones prestadoras de servicios sociales tendrán que someterse al pago de impuestos. En el caso de las instituciones de la Seguridad Social, implica el incremento de los costos de la administración del sistema, cuya ejecución todavía no concluye.

El proyecto contempla que en caso de “emergencia nacional” el Ministerio de Hacienda “autorizará” a las empresas públicas a importar o comprar en el mercado local exonerados de impuestos los bienes y servicios para atender “exclusivamente” la situación de emergencia.

De aprobarse tal como fue enviado al Congreso por el Ejecutivo, es obvio que los costos de las empresas públicas se incrementarán en la misma proporción que los impuestos aplicados a la compra de sus bienes y servicios.

En la práctica, estos impuestos se traducirán en el incremento de los costos de los servicios brindados por las empresas públicas a la población, o en su disminución, dadas las restricciones presupuestarias.

Para instituciones como el Banco Central, esto implicará también el incremento de sus costos operacionales y financieros, lo que se traduciría en el incremento de su déficit cuasi fiscal. Esta nueva medida se aplicaría cuando, según se rumorea, el Gobierno no ha transferido los intereses de los bonos de “recapitalización” del Banco Central.

Para este año se estima que los gastos tributarios y exenciones impositivas sumarían unos 104,691 millones de pesos, equivalentes a 5.78 por ciento del producto interno bruto (PIB).