Para poder cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el segundo semestre de este año, el Gobierno dominicano tendrá que reducir el déficit a través de un reajuste fiscal y de un mejoramiento en el cobro de la tarifa eléctrica.
Las acciones deben ser aplicadas a corto plazo para evitar que los niveles de credibilidad de las medidas económicas del Ejecutivo se reduzcan y afecten la estabilidad macroeconómica que hasta la fecha presenta el país.
En la afirmación anterior coincide un grupo de economistas que reconocen las conquistas macroeconómicas recientes, pero señalan al problema eléctrico y al servicio de la deuda como grandes obstáculos del crecimiento y el desarrollo.
“Este país tiene dos grandes problemas desde el punto de vista de la presión fiscal: el servicio de la deuda y el subsidio de la electricidad.
La economía no soporta esos niveles de compromiso”, dijo el economista Frank Ceara Hatton, tras explicar que en el primer semestre, por asuntos políticos, el gasto público se expandió y aumentó el déficit, que este año no debe superar el 3%v del Producto Interno Bruto (PIB) si se quiere cumplir con el acuerdo.
Asimismo, Henry Hebrard señaló que, como resultado de las medidas tomadas a finales del 2009, la recaudación fiscal creció por encima del 8%, para acercarse al crecimiento económico general, pero no cumplió con las expectativas presentadas al FMI, donde se habla de un crecimiento del 15% en las recaudaciones.
Hebrard entiende que “estamos ante un situación muy delicada de cara al acuerdo con el Fondo, y que si se toman medidas apresuradas para cumplir cabalmente con el déficit permitido en el acuerdo, las consecuencias podrían ser peores.
Sobre todo, dijo Isa, hay que enfrentase a sectores de poder para cobrar la energía eléctrica. Pero sabemos que en esto los políticos locales son muy vulnerables”.
Ceara Hatton, Hebrard e Isa ofrecieron estas y otras declaraciones por separado al LISTÍNDIARIO por medio de la vía telefónica. Una delegación del FMI hizo una visita de dos semanas a las autoridades económicas nacionales, con el propósito de constatar el cumplimiento del acuerdo firmado en octubre del 2009, por un monto global de US$1,700 millones en un plazo de 28 meses.
El empresariado que reclamó y le fue concedido, desistir de modificar la Ley 392- 07, sobre Competitividad e Innovación Industrial. LD
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