El Presidente y los empresarios se pones de acuerdo para violar la ley

El acuerdo al que llegaron los empresarios con Leonel Fernández para diferir el cobro de ITBIS a Aduanas hasta diciembre de 2011 plantea un dilema ético de trascendental importancia. ¿Pueden llegar el poder político y el económico a un acuerdo para incumplir una ley?

¿Importan tan poco las leyes? ¿Cómo podrán los grandes empresarios volver a pedir respeto a la institucionalidad?

Apliquémoslo a otros campos y nos daremos cuenta de por qué las cosas andan tan espesas. Acostumbrados a que las normas rijan según para quién o en qué circunstancias, tenemos, por ejemplo, la política de migración más difusa y confusa del hemisferio. Como tenemos sólo un vecino por vía terrestre, el problema de la migración es problema haitiano. Y como los problemas de Haití son inconmensurables, tenemos un problema de migración igualmente inabarcable.

Esa aplicación coyuntural de las leyes distorsiona la separación de poderes en que se supone se basa el Estado de Derecho. Confunde y genera diferencias, ahonda en las discriminaciones, ya de por sí dolorosas, de la sociedad dominicana. Potencia el personalismo y los poderes inmensos del sistema presidencialista. Dificulta la transparencia.

Si el respeto a las leyes "depende" ¿cómo se organiza la vida en común? ¿cómo se aplica el "dependismo" al respeto a los derechos humanos, al desarrollo urbanístico, a la protección a las zonas protegidas, a los derechos laborales...? IAizpun/DL