El presidente de la Suprema Corte de Justicia ha lanzado el grito de alarma por la proyectada disminución del presupuesto de ese poder del Estado, cuando ya el año ha transitado la mitad y los compromisos con apremiantes.
Como función fundamental del Estado, el Poder Judicial está protegido por numerosas leyes que garantizan su funcionamiento con independencia y sin interferencias. Resulta muy cuesta arriba, además, que ante una inminente reestructuración de la Suprema Corte, se pretenda recortar el presupuesto por una suma que parece irrisoria para el desperdicio que hace el Estado de sus recursos.
La mayoría de los ingresos del Poder Judicial se gastan en servicios personales y en mantenimiento de los tribunales, incluyendo el altísimo gasto en energía, que también deben producir ante la baja calidad del servicio.
El Gobierno ha dicho que no intenta reducir el presupuesto del Poder Judicial. Nos alegramos, pero mantendremos ojo avizor. Lo demanda la buena marcha de este Poder y la tranquilidad de la familia dominicana. DL
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