El anuncio de que el gobierno procederá a indexar nuevamente los combustibles, lo que en la práctica se traduce en un aumento de precios, podrá resolver parte del déficit, pero será nociva para la economía y la gobernabilidad.
Las alzas en los combustibles tienen alta incidencia en los niveles de inflación pues todo se mueve con combustible. Al mismo tiempo, alborota a los choferes, a los motoconchistas y a toda la población que depende de estos sistemas de transporte.
Del mismo modo, al aumentar el precio del transporte de carga se encarecen los productos y, por tanto, el costo de la canasta familiar. Un verdadero palo asechao.
Es evidente que el Gobierno tenía otras opciones, quizás no tan lucrativas, pero menos onerosas para la población. Haber optado por afectar a los combustibles es el método más fácil, pero al mismo tiempo, el más peligroso para la gobernabilidad democrática y el bienestar de la población.
La medida debe ser reconsiderada tomando en cuenta todas las implicaciones económicas y políticas que conlleva. DL
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