Cabe esperar que sea acogido por todos los jueces criollos el sano y sabio consejo del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de México sobre el comportamiento de los magistrados. No importa que el doctor Mariano Azuela Güitrón no aludiera directamente a los jueces dominicanos al afirmar que los magistrados deben tener un comportamiento que genere confianza y ser escrupulosos en la toma de decisiones. La sentencia podría ser un axioma, pero no por ello pierde validez. Como secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Etica Judicial, el jurista está revestido de las condiciones para abordar el comportamiento de los jueces. Otro señalamiento digno de tomarse en cuenta son las cualidades especiales que convierten a un juez digno de confianza. Entre esas cualidades figura la responsabilidad, la independencia y la formación tanto moral como profesional. Lo que dijo viene como anillo al dedo al sistema judicial de República Dominicana. EN
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Caso Bancrédito: Banco Central y Grupo Pellerano llegan a acuerdo
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Justicia
Santo Domingo. El Grupo Pellerano, Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza Gómez, firmaron el pasado viernes un acuerdo con las autoridades Monetarias y Financieras que pone fin a la litis judicial entre las partes por la venta asistida del Banco Nacional de Crédito, y en la que el Grupo Pellerano asume pagar RD$10,306.5 millones, que invirtió el Estado en asistencia de esa entidad, tras la crisis financiera del 2003. Este acuerdo es la culminación de un largo proceso de negociación y sustituye al anteriormente firmado, en 2003, con las autoridades monetarias de entonces.
El Grupo Pellerano ya entregó en dación de pago, sus acciones en la Zona Franca San Isidro, S.A., y en la Empresa de Generación Haina (Ege-Haina), valorados en RD$2,617.6 millones y en RD$3,948.7 millones, respectivamente, para un total de RD$6,566.3 millones. El Grupo Pellera-no también entregó US$1.7 millones provenientes de las reclamaciones presentadas en el proceso de reestructuración de Tricom.
El Grupo Pellerano y el Banco Central acordaron un plan de pago en doce años para lo faltante, que asciende a RD$3,676.5 millones y se fijó una cuota anual de RD$162 millones, que comenzará a honrarse a partir del 2012. Los dos primeros años serán dados como período de gracia, durante el cual sólo se pagarán intereses.
Por el Banco Central, el acuerdo fue firmado por Pedro Silverio, y Ervin Novas Bello, gerente general y subgerente, respectivamente; y por la Superintendencia de Bancos lo hicieron el intendente, Daris Javier Cuevas, y el gerente Luis Andrés Montes de Oca.
Rosángela de Lourdes Pellerano Peña, tutora legal de Arturo Pellerano, y apoderada del Grupo Pellerano y de Map Private Trust Company, firmó por la familia Pellerano, y Francisco Alejandro Campo, tutor legal de Mendoza Gómez, lo hizo por éste último.
Esta transacción viene a poner fin a la litis judicial, originada en la crisis bancaria y macroeconómica de 2003, que afectó el normal desenvolvimiento de Bancrédito. Con esto, las autoridades recuperan activos valiosos, y refuerzan su situación patrimonial al reintegrar liquidez colocada anteriormente en asistencia financiera.
Supremo español confirma proceso contra juez Garzón
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Justicia
Madrid. EFE. El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, confirmó hoy que el magistrado Baltasar Garzón sea procesado por un presunto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).
En un auto fechado el pasado 26 de julio y notificado hoy, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal desestima el recurso de apelación presentado por Garzón, que se encuentra suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional, contra la decisión del magistrado que instruye la causa, Luciano Varela, de proceder contra él.
La resolución se conoce sólo cuatro días después de que la Justicia argentina reabriera la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, como reclamaban organismos humanitarios y familiares de víctimas de la dictadura.
En el auto, los cinco magistrados de la sala confirman la denegación de las pruebas solicitadas por Garzón y consideran que el criterio de Varela no fue "ilógico ni arbitrario".
El pasado 7 de abril, Varela notificó el auto judicial en el que acuerda juzgar a Garzón, quien logró fama internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet.
Según fuentes del Alto Tribunal, el juicio podría celebrarse entre los próximos meses de noviembre y diciembre.
Garzón recurrió esa decisión de Varela al entender que las diligencias no podían considerarse terminadas porque faltaban por practicar pruebas que él había solicitado.
Éste había pedido que se citara a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales, entre ellos la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán, que procesó a Pinochet, y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Juez ordena liberar policía preso
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Justicia
El juez suplemente en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Elías Santini Perera, liberó mediante un recurso de habeas corpus al sargento policial Máximo Rafael Guerrero Mejía, quien tenía siete días preso sin autorización de un tribunal, y le impuso un pago diario de RD$5,000 (astreinte) al Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República por cada día que pase sin acatar la orden judicial.
El juez Santini Perera acogió la petición del sargento Guerrero Mejía, interpuesta a través de su defensor público Rodolfo Valentín Santos, quien demandaba que se declarara su prisión ilegal y ordenara su inmediata libertad.
La decisión fue notificada al Cuerpo de Ayudantes Militares el 17 de este mes, debido a que el juez declaró bueno y válido el recurso y dispuso a favor del detenido el astreinte por cada día de retención del sargento. HD
El juez ordenó la inmediata libertad del sargento sin que estuviera presente en la audiencia.
Basó su decisión en el precepto constitucional de que transcurrió el plazo de las 48 horas bajo arresto sin la presentación ante la autoridad judicial.
El defensor Valentín Santos declaró en la audiencia que su impetrante estaba detenido desde el día 5 en el Cuerpo de Ayudantes Militares, institución a la que notificaron en dos ocasiones, sin que presentaran al suboficial.
Sostuvo que los familiares del sargento no fueron informados de la causa de su arresto. Manifestó al tribunal que el militar estaba preso en violación a la Constitución y a las leyes.
El padre del sargento, Rafael Leonidas Guerrero Villa, expresó que su hijo fue recluido en una celda desde el 5 de agosto.
Pide lleven a juicio jefe DNI y a coronel
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Justicia
El director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), un coronel de la Policía y un ex fiscal adjunto, sacado del país para preservar su vida, son requeridos por Sobeida Félix Morel en el juicio en su contra por lavado de activos y otros delitos.
Sobeida solicitó que el director del DNI, mayor general Ramón Antonio Aquino García, comparezca por ante el tribunal que la juzga, igual que el ex fiscal adjunto Ricardo Manuel Féliz Sterling.
Sobeida también solicitó que sea citado a juicio el coronel de la Policía Elvis Florencio Soriano Familia, a quien responsabiliza de la desaparición de uno de cinco bultos, conteniendo 1.5 millones de dólares.
El ex fiscal adjunto Féliz Sterling fue separado del ministerio público porque confirmó la versión de que se extravió un bulto con un millón 500 mil dólares, y reveló irregularidades en los allanamientos realizados en los apartamentos 14 y 15 de Arco Paraíso.
Féliz fue sacado del país y enviado a Marruecos como ministro consejero, para proteger su vida ante intentos de asesinato.
Con la presencia del director del DNI, Sobeida busca demostrar ante el tribunal la forma como David Figueroa Agosto obtuvo un carnet de esa institución de seguridad del Estado, a quien conoció como un colaborador de esa entidad.
El coronel Elvis Florencio Soriano Familia fue sindicado públicamente por Sobeida y por el fiscal Féliz Esterling como responsable de la desaparición de uno de los cinco bultos, que contenía un millón 500 mil dólares.
Además de Aquino García, Féliz Sterling y Soriano Familia, Sobeida requiere como testigos seis civiles, entre ellos Kennedy Landolfi Román Rosario, Mario de la Cruz, Ricardo de León, Juliana Morel Amarante y Teodoro Dipré Soriano.
Con Román Rosario, gerente de ventas de Certified Motors, Sobeida, a traés de su abogado Félix Portes, busca probar la identidad de la persona que compró la yipeta Mercedes Benz placa 21875, modelo 2003.
Con De la Cruz, gerente del grupo Peralta, busca probar las transacciones en la compra de armas, y con la presencia de León, testigo presencial de los allanamientos practicados por la Fiscalía del Distrito Nacional y la Dirección Nacional de Drogas (DNCD), la acusada trata de explicar cómo ocurrieron los hechos.
Con el testigo a descargo Félix, explicarán al tribunal quiénes pernoctaban y vivían en el apartamento allanado.
Con Morel Amarante explicarán al tribunal que Sobeida desconocía el carácter ilícito de las operaciones que hacía Figueroa Agosto, y que su relación con el capo puertorriqueño era de carácter sentimental.
Con la presencia de Dipré Soriano explicarán que durante los allanamientos, fue robada una escopeta marca Valtro, calibre 12 milímetros. EN
Justicia PR reclama a federales entrega de Figueroa Agosto
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Justicia
El Departamento de Corrección, solicitó a través del Departamento de Justicia, que se le entregue a José Figueroa Agosto, alias "Junior Cápsula", para que continúe el cumplimiento de la sentencia de 209 años de prisión, la cual se vio interrumpida cuando escapó de prisión hace once años. "Tenemos la requisitoria del Departamento de Corrección y Rehabilitación solicitando que Figueroa Agosto sea puesto bajo arresto para llevarlo directo a prisión para que continúe cumpliendo su condena en la jurisdicción estatal", expresó el titular de Justicia, Guillermo Somoza, en un comunicado de prensa. La misiva de Somoza fue enviada el miércoles a las autoridades federales, pero no fue hasta ayer que se le informó a la prensa.
Fuentes de EL VOCERO adelantaron que las autoridades federales denegarán la petición de las autoridades estatales.
Por su parte, la jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez. anticipó en entrevista telefónica que responderá hoy la carta de Somoza. "No podemos perder de perspectiva que hemos sacado de la calle a un fugitivo peligroso que ya está en la cárcel. Quién lo va a procesar, se hará de acuerdo a la ley. Todo se va a poder lograr en su momento", afirmó Rodríguez.
Somoza destacó que Figueroa Agosto mató a Arnaldo Martínez, conocido como "Nandi El Gruero", en hechos ocurridos el 17 de marzo de 1993, "y no cumplió la condena porque se fugó de prisión sin terminar la sentencia que le fue fijada, el 13 de septiembre de 1995".
Junto a Figueroa Agosto fueron acusados Pablo Rojas, Carlos Suárez, Carlos Ríos y Francisco Solano de los Santos. Este último también se escapó de prisión con Junior Cápsula. ND
Posponen audiencia de vinculados al caso Figueroa Agosto para el 11 de agosto
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Justicia
Santo Domingo
La jueza del segundo Juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el 11 de agosto la audiencia preliminar en contra de los acusados de formar parte de la red del narcotraficante José David Figueroa Agosto.
La magistrada Clary Nivar Arias otorgó un plazo a la defensa de Sobeida Félix Morel para que entregue el día seis de agosto todas las pruebas y documentaciones a su favor.
Luego de regularizar la prisión preventiva de Sobeida , la jueza hizo un calendario de las demás audiencias que se celebrarán en torno a este caso. Al suspender la audiencia de este viernes, el abogado José Rafael Ariza, defensor de Sammy Dauhajre y Mery Peláez, solicitó la separación de los casos de Figueroa Agosto y Leavy Nin Batista de los demás imputados alegando que de esa manera se evitarían retardos en el proceso que afectarían a los además acusados.
En ese sentido, la jueza rechazó la solicitud en lo inmediato y sugirió que la discusión sea pospuesta para el inicio de la audiencia del próximo 11 de agosto. Para permitir que la audiencia de Sobeida Félix Morel pueda pronunciarse en torno a ese incidente.
La magistrada en este momento la separación del conocimiento del caso de cada imputado que se debe celebrar en general a todos ya que existe una resolución en la que se señala que Figueroa Agosto y Nin Batista están declarados en rebeldía por lo que las audiencias deben continuar .
En la primera audiencia, a celebrarse el 11 de agosto, se van a conocer los incidentes planteados por los abogados de la parte acusatoria como de la defensa que serán respondidos por la jueza. La magistrada solicitó a los abogados indicar por escrito si llevaran testigos a la próxima audiencia y cuantos serán. En ese sentido, los abogados de Brito e Ivanovich Smester plantearon que cada uno llevará tres testigos.
Las siguientes fechas en que se celebrarán audiencias en torno a este caso son el viernes 13 de agosto; viernes 20 de agosto; lunes 23; viernes 27 y lunes 30 de agosto. El día seis de agosto, a las doce de la noche, vence el plazo para que la defensa de Sobeida Félix entregue por secretaría las pruebas y documentos requeridos sobre la imputada. LD
Apresan norteamericano prófugo por pornografía infantil
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Justicia
SANTO DOMINGO.- Investigadores policiales, en coordinación con personal de la Agencia de Ejecución para la Ley de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), apresaron en esta capital a un norteamericano que se encontraba prófugo de la justicia de Miami, por cargos de pornografía infantil, informó la Policía.
La institución del orden dijo que Robert Jhon Marone fue detenido mediante ordenes judiciales números 618-2010 y 3389-2010, en la habitación 201 del Hotel Atalaya, ubicado en la calle Elila Mena esquina Fernando Valerio, en el sector La Julia.
De inmediato autoridades de los Estados Unidos gestionaron la repatriación del detenido, para que enfrente la justicia de esa nación.
La Policía explicó que Marone había sido sometido hace varios meses por incurrir en territorio dominicano en un delito similar, razón por la que la justicia le dictó medidas de coerción de tres meses de visita periódica.
Sostuvo que tan pronto Marone se percata que la justicia de Estados Unidos solicitó que su caso fuera sobreseído en el país, emprendió la huida y dejó de asistir a los tribunales dominicanos.
Tras esa acción, personal de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (DINTEL) desplegó una ardua labor investigativa hasta dar con su ubicación. DL
Tribunal acoge recurso de amparo interpuesto por Alicia Ortega contra Rodríguez Pimentel
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Justicia
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un juez acogió como bueno y válido el recurso de amparo interpuesto por la periodista Alicia Ortega contra Héctor Rodríguez Pimentel.
El magistrado Pedro Reynaldo Vásquez Lora, de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado del Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante sentencia señaló dieciséis puntos que “constituyen actos atentatorios a la libertad de información y a la censura”.
Entre los puntos incluye “la intervención preventiva de cualquier autoridad pública o todo procedimiento encaminado a estorbar o impedir la difusión de ideas”, lo cual representa un acto coercitivo a la libertad de prensa.
El fallo también acoge el desistimiento de la intimación a los anunciantes de El Informe con Alicia Ortega, presentado por Rodríguez Pimentel.
Sin embargo, entre los considerandos para sustentar su sentencia el magistrado plantea que la intimación “vino a constituir una lesión al derecho a la información y la censura previa”.
A renglón seguido añadió que, a pesar del desistimiento, “no se puede pecar de ser ingenuo cuando esto podría constituir un caldo de cultivo para situaciones similares (…) sino que queda evidentemente claro (…) que el acto procuraba crear esos efectos y que degenera otros tipos de acciones…”.
Entre los dieciséis puntos enumerados por el juez como forma de censura contra los medios citó desde “la prohibición de difundir ciertas ideas, y la intervención gubernamental de las empresas periodísticas”, hasta “la aplicación de medidas fiscales que obstaculicen el normal funcionamiento de los medios de difusión”.
La abogada Laura Acosta planteó en el tribunal que el dictamen del magistrado Vásquez Lora “es un triunfo para todo el periodismo nacional”, dado que de manera clara y precisa se establece un listado de actuaciones que son atentatorias a la libertad de prensa.
Explicó que se trata de una victoria para la prensa en término general y no sólo para Ortega en términos particular, puesto que “el tribunal le ha advertido a la autoridad pública que no puede limitar en ninguna forma la libertad de prensa en este país”.
En igual sentido se pronunció el jurista Luis Rivas, quien planteó que “lo más importante es que a partir de ahora ningún funcionario ni ningún particular puede amedrentar o intimidar a los anunciantes mediante esa forma”.
El fallo fue dado a conocer la tarde de este jueves. SIN
Pedirán prisión contra director de Prisiones
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Justicia
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La defensa de Samy Dahuajre anunció que podría pedir prisión contra el director de Prisiones y las autoridades de la cárcel de Najayo, por no haber trasladado al reo a un tribunal donde se le conocería un recurso de hábeas corpus que persigue su liberación.
El abogado Rafael Ariza hizo el anuncio luego de que el Juzgado de Atención Permanente se viera imposibilitado de celebrar la audiencia a las 11:00 de la mañana como estaba previsto, porque las autoridades penitenciarias no presentaron al recluso.
Dijo que de no conducir al imputado antes de las tres de la tarde, solicitará al tribunal que dicte prisión contra el director de Prisiones, el ex general Manuel de Jesús Pérez Sánchez.
Al percatarse de la ausencia, el juez José Alejandro Vargas fijo para las 3:00 de la tarde la audiencia y encargó al Ministerio Público la tarea de presentar al reo, tal como establece el Código Procesal Penal.
Dahuajre está preso vinculado a la red de lavado de activos provenientes del narcotráfico dirigida por el puertorriqueño José David Figueroa Agosto (Júnior Cápsula).
Hace más de una semana, la Corte de Apelación de Santo Domingo ordenó su puesta en libertad condicional, mediante el pago de una garantía económica de cinco millones de pesos, pero el Ministerio Público ha preferido mantenerlo en prisión. 7D
Conocerán este martes pedido prisión para sicarios
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Justicia
Será conocido este martes, a las 10 de la mañana, por la jueza de la jurisdicción Permanente del Distrito Nacional, el conocimiento de petición de prisión preventiva contra siete acusados de participar en el asesinato del teniente coronel retirado José Amado González González, el empresario Rubén Soto Hayet y Omar Lantigua, vinculados al caso del fugitivo José David Figueroa Agosto. Se recuerda, que el domingo, la jueza Patricia Alejandra Padilla, conocía el pedido de medida de coerción, que aplazó para este martes. Mientras conocía el caso, se entregó a la Policía Nacional, Winston Antonio Rodríguez, (El Cangri), también vinculado en el expediente del prófugo narcotraficante boricua.
Rodríguez, -el cual ha sido involucrado por las autoridades en el asesinato, en la cárcel de La Victoria, de Gabriel Arias Castillo, alias Alex El Pelotero-, dijo que se entregó a las autoridades para evitar que lo mataran, y según confesó habían ofrecido 45 mil dólares por su cabeza.
El Cangri también está acusado de darle a guardar a Félix Medina y a De la Cruz Paredes, dos maletas con armas largas pertenecientes a Figueroa Agosto, las cuales contenían, explosivos y pertrechos militares. Las maletas fueron entregadas voluntariamente por los implicados.
La solicitud de medida de coerción señala que, según análisis realizado por la Policía Científica, un fusil AK47, ocupado a los imputados, y una pistola Versa calibre 9 milímetros, coinciden con los casquillos encontrados en la escena del crimen del teniente coronel retirado José Amado González González.
Las siete personas, seis hombres y una mujer, contra quienes será conocida la medida de coerción, acusados de participar en los asesinatos del teniente coronel José Amado González González, de el dueño de la panadería La Francesa Rubén Soto Hayet, y de Omar Lantigua, vinculados al caso del prófugo José David Figueroa, son José Miguel Rodríguez Almonte (Joh), Juan Amauris Rodríguez Minier (Ambiorix), ambos residente en Guarabo.
Además, José Aníbal Hidalgo García, residente en el ensanche Quisqueya; Yermi Mercedes Liranzo Cruz (La Diosa), residente en Santiago; Wilgen Ortiz de los Santos, residente en San Carlos, José Alberto de la Cruz, residente en San Pedro de Macorís, y Joel Antonio Feliz Medina.
Este grupo está acusado además de asesinar a Jorge Vásquez Santana y Máximo Jerónimo Paredes, vigilante y mensajero de la repostería La Francesa, y de herir de bala a Madeline Bernard Peña, esposa del coronel González González, así como a Agustín Romero.
El conocimiento de medidas de coerción fue aplazado para este martes, debido a que los abogados defensores de algunos de los imputados no estuvieron presentes en la audiencia de este domingo. ND
Fijan caso Figueroa Agosto para el primero de julio
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Justicia
SANTO DOMINGO. El juez suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Pilades Hernández Méndez, fijó para el primero de julio, a las 9:00 a.m., el conocimiento de la solicitud de apertura a juicio en contra del prófugo José Figueroa Agosto y otros nueve acusados por la Fiscalía de lavado de activos provenientes del narcotráfico, porte ilegal de armas y doble identidad.
El magistrado solicitó al Ministerio Público poner a disposición de las demás partes los elementos de pruebas reunidos durante la etapa preparatoria, las cuales podrán examinarlo en un plazo común de cinco días.
También realizar todas las diligencias que fueren de lugar para la preparación de la audiencia.
Además, ordenó notificar la solicitud de la Fiscalía a las partes, en sus respectivos domicilios, a los fines de que estén debidamente convocados.
Los demás acusados son la esposa de Figueroa Agosto, Leavy Yadira Nin Batista o Fior Jansen Rodríguez, quien está prófuga; Eddy Brito Martínez, ex pareja de Félix Morel, Mary Elvira Peláez Frappier, Sammy Dauhajre Dauhajre, Ricardo Ivanovich Smester Ginebra y Juan José Fernández Ibarra.
En el sometimiento figuran Adolfina Revecca Peláez Frappier (Dolphy) y Madeline Bernard Peña, viuda del asesinado ex teniente coronel de la Policía Nacional, José Amado González González y Sobeida Félix Morel, quien está prófuga.
Figueroa Agosto y/o Cristian Almonte Peguero y/o Felipe de la Rosa y/o Ramón Sánchez tiene cargos de asociación de malhechores, lavado de activos, patrocinador de narcotráfico, falsificación de cédula de identidad y electoral, uso de documentos falsos tanto público como privado y porte y tenencia ilegal de arma de fuego.
Mientras que Sobeida Félix Morel fue acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y porte y tenencia de arma de fuego ilegal. Figueroa Agosto está prófugo desde el 3 de septiembre del año pasado, cuando logró escapar durante una persecución.
El sometimiento
El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, apoderó el primero de este mes a la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción para el conocimiento de una audiencia preliminar y solicitud de apertura a juicio en contra de los imputados.
Inmediatamente el expediente fue sorteado, recayendo en el Segundo Juzgado de la Instrucción. En tal virtud, el tribunal fijó la audiencia preliminar. El expediente de Figueroa Agosto fue abierto en septiembre pasado, a raíz de las acciones de la Fiscalía. DL
SCJ fija criterio sobre vigencia constitucional
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Justicia
SANTO DOMINGO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció el criterio de que una vez proclamada la Constitución de la República por la Asamblea Nacional, no puede ser declarada inconstitucional.
Asimismo, consigna que esto no impide que sus disposiciones puedan tener efectos retroactivos y alterar o afectar situaciones jurídicas establecidas conforme a una legislación anterior.
Incluso, plantea que la Carta Magna aprobada puede ser contraria a otro texto constitucional que haya estado vigente anteriormente, pero no puede ser revocada.
El criterio fue fijado a propósito de un recurso de inconstitucionalidad elevado por los juristas Luis Gómez Pérez, Ramón Antonio Veras (Negro) y Luis Scheker Ortiz, quienes solicitaron la nulidad de la Ley No. 70/09, que declaró la necesidad de la reforma constitucional vía la Asamblea Nacional, por ser violatoria de la Constitución.
La acción fue incoada el 30 de marzo del 2009. La SCJ considera que aún en el caso de que esa ley pudiera ser declarada nula, la Constitución votada y proclamada por la Asamblea Revisora, el 26 de enero, no sería susceptible de ser anulada por el Tribunal Constitucional. DL
Asimismo, consigna que esto no impide que sus disposiciones puedan tener efectos retroactivos y alterar o afectar situaciones jurídicas establecidas conforme a una legislación anterior.
Incluso, plantea que la Carta Magna aprobada puede ser contraria a otro texto constitucional que haya estado vigente anteriormente, pero no puede ser revocada.
El criterio fue fijado a propósito de un recurso de inconstitucionalidad elevado por los juristas Luis Gómez Pérez, Ramón Antonio Veras (Negro) y Luis Scheker Ortiz, quienes solicitaron la nulidad de la Ley No. 70/09, que declaró la necesidad de la reforma constitucional vía la Asamblea Nacional, por ser violatoria de la Constitución.
La acción fue incoada el 30 de marzo del 2009. La SCJ considera que aún en el caso de que esa ley pudiera ser declarada nula, la Constitución votada y proclamada por la Asamblea Revisora, el 26 de enero, no sería susceptible de ser anulada por el Tribunal Constitucional. DL
Después de cinco meses, reactivan investigación de muerte del coronel González González
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Justicia,
narcotràfico
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Luego de percibir que las investigaciones se habían estancado, las autoridades reactivaron desde el pasado sábado las indagatorias sobre el asesinato del coronel José Amado González González, quien murió el pasado 24 de diciembre cuando llegaba a su residencia.
Según explicó una fuente ligada a la investigación, las autoridades han formulado una nueva hipótesis sobre el móvil del asesinato de González González, acusado de ser “compadre” del capo boricua José Figueroa Agosto, y su principal protector dentro de las filas de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad.
Asimismo, la noche del lunes fue interrogada por más de tres horas la esposa del coronel asesinado, Madeline Bernard, quien sólo recibió tres disparos en las piernas, pero la dejaron con vida.
El sábado, miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público rehicieron la escena del crimen en la avenida Anacaona frente a la Torre Serena, donde vivía el oficial para recrear en el lugar del hecho la forma de los disparos y verificar la veracidad de algunos interrogatorios que se hicieron en meses pasados.
Al lugar del asesinaro fueron llevadas las yipetas tanto del coronel acribillado González González como el auto desde donde fue acribillado, además de otras pertenencias y pruebas recabadas el día de su asesinato.
Dos de los ejes clave de la red del narcotraficante José Figueroa Agosto, González González y el “jefe de operaciones” Omar Ramón Antigua Polanco, fueron asesinado supuestamente por la misma red, este último en el parqueo del supermercado Carrefour, en el kilómetro 10 y medio de la Autopista Duarte.
A González lo asesinaron de 13 disparos el 24 de diciembre de 2009 a aproximadamente a las cinco de la tarde cuando llegaba a su residencia, junto a su esposa, ubicada en la avenida Anacaona en la Torre Serena.
El otro implicado, que supuestamente era buscado por las autoridades, Antigua Polanco estaba considerado como el jefe operativo de la banda de narcotraficantes que dirige el puertorriqueño Figueroa Agosto, y quien tenía las armas que fueron decomisadas por las autoridades en una camioneta en la que habían 293 kilos de cocaína incautada en septiembre de 2009.
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Según explicó una fuente ligada a la investigación, las autoridades han formulado una nueva hipótesis sobre el móvil del asesinato de González González, acusado de ser “compadre” del capo boricua José Figueroa Agosto, y su principal protector dentro de las filas de la Policía Nacional y otros organismos de seguridad.
Asimismo, la noche del lunes fue interrogada por más de tres horas la esposa del coronel asesinado, Madeline Bernard, quien sólo recibió tres disparos en las piernas, pero la dejaron con vida.
El sábado, miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público rehicieron la escena del crimen en la avenida Anacaona frente a la Torre Serena, donde vivía el oficial para recrear en el lugar del hecho la forma de los disparos y verificar la veracidad de algunos interrogatorios que se hicieron en meses pasados.
Al lugar del asesinaro fueron llevadas las yipetas tanto del coronel acribillado González González como el auto desde donde fue acribillado, además de otras pertenencias y pruebas recabadas el día de su asesinato.
Dos de los ejes clave de la red del narcotraficante José Figueroa Agosto, González González y el “jefe de operaciones” Omar Ramón Antigua Polanco, fueron asesinado supuestamente por la misma red, este último en el parqueo del supermercado Carrefour, en el kilómetro 10 y medio de la Autopista Duarte.
A González lo asesinaron de 13 disparos el 24 de diciembre de 2009 a aproximadamente a las cinco de la tarde cuando llegaba a su residencia, junto a su esposa, ubicada en la avenida Anacaona en la Torre Serena.
El otro implicado, que supuestamente era buscado por las autoridades, Antigua Polanco estaba considerado como el jefe operativo de la banda de narcotraficantes que dirige el puertorriqueño Figueroa Agosto, y quien tenía las armas que fueron decomisadas por las autoridades en una camioneta en la que habían 293 kilos de cocaína incautada en septiembre de 2009.
Autoridades intensifican búsqueda de dos implicados en caso Paya luego que revocaran libertad de cuatro acusados
Categoria
Justicia
Santo Domingo.- Autoridades intensifican la búsqueda del ex capitán de la Marina de Guerra Jesús Sánchez Piña y de Augusto Alberto Danerys, vinculados a la matanza de siete colombianos en Paya, Baní, ocurrida el 4 de agosto de 2008. Esto se produce luego de que los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, revocaran un auto de no ha lugar emitido en su favor y ordenaran su reapresamiento en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, para ser procesados junto a los demás imputados. Ambos imputados habían sido favorecidos con un auto de no ha lugar por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito, Román Hiciano Berroa, tras considerar que no había pruebas suficientes en su contra. El primer reapresado de tres que estaban en libertad fue Girson Antonio González Maríñez, durante allanamiento a su residencia en la calle Las Mercedes, número 10 de Baní, mientras que el sobreviviente nicaragüense Orín Clinton Gómez Halford, nunca fue puesto en libertad y permanece en prisión en el Campamento Juan Pablo Duarte, en Manoguayabo. Los asesinados por el supuesto tumbe de droga y de dinero en el caso de Paya fueron los extranjeros Darío José Atencio Vargas (El Don), Eduardo Fabio De León Perozo, Jesús David Del Río Hans, Antonio Zuluaga Mustiola, Apolinar Altamirano Cuéllar, Geovanny Alejandro Bowie Duffis y Oscar Darío Naranjo Mejía. El 24 de febrero el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Román Berroa Hiciano, dictó auto de apertura a juicio en contra de 18 imputados, mientras que descargó de responsabilidad penal a nueve implicados en la matanza ocurrida en el paraje Ojo de Agua, en Paya, provincia Peravia, motivada por un presunto tumbe de 1,300 kilos de cocaína procedente de Colombia. |
Jueza otorga un mes para presentar acusación
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Justicia
Santo Domingo.- La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió ayer otorgar un plazo de un mes a la Fiscalía del Distrito Nacional para que continúe investigando el caso seguido a los vinculados con el fugitivo José Figueroa Agosto.
La magistrada Clara Luz Almonte acogió de manera parcial un pedimento formulado por el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, quien solicitó al tribunal cuatro meses para concluir la investigación y presentar la acusación.
La jueza fijó la audiencia para el 7 de junio, por lo que a partir de la fecha Moscoso Segarra tendrá 10 días para presentar la acusación, luego de que venza el plazo.
Si en ese tiempo no lo hace deberá solicitar el archivo del expediente y el cese de las medidas de coerción que pesan contra los acusados.
De su lado, Mary Peláez, Sammy Dahuajre, Ricardo Ivanovich Smester, Eddy Brito y Juan José Fernández Ibarra calificaron de atinado el plazo otorgado por la jueza para presentar acusación en momentos en que eran sacados del tribunal y conducidos bajo estrictas medidas de seguridad a la cárcel de Najayo, donde guardan prisión.
Los abogados de los imputados, José Rafael Ariza, Richard Rosario, Manuel Moquete, Félix Porte y Oscar Guerrero, elogiaron la decisión de la jueza, por lo que esperan que el fiscal presente en ese plazo la acusación o de lo contrario proceda a archivar el expediente.
La Fiscalía del Distrito Nacional había solicitado al tribunal otorgarle cuatro meses más, luego de que pasaran ocho meses desde que el caso fue declarado complejo debido a que se han incautado más bienes y faltan otros por decomisar.
Rechaza declarar extinción
Por otro lado, la jueza rechazó declarar extinguida la acción penal en cuanto a Mary Peláez y Sammy Dauhajre, vinculados a Figueroa Agosto.
La magistrada rechazó la solicitud presentada por el abogado de los imputados, Rafael Ariza, por considerarla extemporánea y entender que no se trata del momento procesal para tal petición.
La jueza entiende que la solicitud procedería cuando se haya intimado al ministerio público y haya expirado el plazo de los diez días consagrado en el artículo 151 del Código Procesal Penal.
Peláez y Dauhajre sostienen que llevan varios meses tras las rejas sin que la Fiscalía del Distrito Nacional concluya la investigación, violentando así el debido proceso y sin presentar la acusación en su contra.
La magistrada precisó además que la acción penal se extingue por vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio, sin que el ministerio público haya formulado la acusación. LD
La SCJ cancela al juez que dispuso la libertad bajo fianza de Vantroi
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Justicia
Sd. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia dispuso la cancelación del juez interino Raúl Rosario Hernández, quien concedió la libertad bajo fianza de Raúl Serumberto Mota Reynoso (Vantroi), implicado en la comisión de 51 delitos, entre ellos 36 asesinatos.
El tribunal consideró que el magistrado interino del Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, actuando como juez de Atención Permanente, ha cometido un atropello en contra de la sociedad.
La información la ofreció el vicepresidente del tribunal, Rafael Luciano Pichardo, luego de encabezar una sesión del Pleno donde se adoptó la decisión en contra del magistrado en Cámara de Consejo.
"Como medida que nos ha tocado adoptar en esto que nosotros consideramos una irregularidad, cometida por este juez, está siendo cancelado en el día de hoy (ayer)", dijo.
El Pleno de la SCJ también dispuso una investigación sobre la decisión del juez Rosario Hernández, con el fin de que se determinen los móviles que fueron tomados en cuenta para ordenar la libertad de Vantroi.
Luciano Pichardo advirtió que la SCJ se mantendrá vigilante para evitar que situaciones y casos como éste se vuelvan a repetir.
"Tanto yo como el resto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia nos sentimos bastantes preocupados con decisiones que han tomado algunos jueces, que no se corresponden ni con el derecho ni con la situación que está viviendo el país", dijo.
Luciano Pichardo comentó que el caso, que acaba de producir un repudio general de la sociedad dominicana, fue decidido por un juez interino, que a su vez suplía a otro magistrado.
"El juez interino no es un juez de carrera, no es un juez titular y hemos considerado que ha cometido un atropello contra la ley y contra la sociedad, acogiendo una solicitud de libertad propuesta por este señor (Vantroi)".
Recordó que Vantroi, que se identifica también como Yeferson Núñez Tejada, está imputado de cometer una serie de crímenes en contra de ciudadanos desde hace algún tiempo.
El Procurador
Tras calificar la decisión como desafortunada y que envía un mensaje "terriblemente negativo a la sociedad", el procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, dijo que el Ministerio Público hará todo lo posible para que esa persona se mantenga en prisión.
Manifestó que los esfuerzos del MP, la Policía y la DNCD y los órganos investigativos que luchan en contra del crimen reciben un mensaje negativo. Informó que ayer se estaban haciendo los trámites para lograr que se revoque la decisión.
De su lado, el jefe de la Policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín, declaró que la institución aportará todas las pruebas de los crímenes cometidos por Vantroi y evitar que personas como ésta puedan salir a las calles a delinquir nueva vez.
El jefe policial dijo sentirse atónito por la decisión del magistrado Rosario Hernández.
De su lado, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Franklin García Fermín, consideró que la justicia está cayendo en una pérdida vertiginosa de credibilidad, al analizar la medida de coerción consistente en una fianza a favor de Vantroi.
El nuevo código
Luciano Pichardo se solidariza con el planteamiento del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, respecto a las debilidades del Código Procesal Penal que permite que jueces sin prudencia y apoyados en tecnicismos jurídicos, devuelvan al seno de la sociedad a acusados de crímenes horrendos. DL
Juez impone dos meses de prisión para empleado de empresa vinculada a fraude eléctrico por RD$16 millones; desvinculan ASDE
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Santo Domingo.- La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de la provincia de Santo Domingo dictó dos meses de prisión preventiva en contra de un empleado de la empresa Utensilios Plásticos S.A. (Templastisa), involucrado en un fraude millonario de energía con el que se beneficiaban Credigás, la estación de combustible Nativa, su car wash, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE) y la residencia del propietario de la empresa.
En tanto que la Procuraduría para el Fraude Eléctrico desvinculó al ASDE del fraude que asciende a 16 millones de pesos y que solicitaron una certificación a la Dirección de Migración para determinar si el propietario de la empresa salió del país.
La magistrada Raquel Polanco Decena envió al penal de la Victoria a Víctor José Rosario Guzmán, por el referido período hasta tanto la Procuraduría para el Sistema Eléctrico concluya con las investigaciones.
José Rosario, quien operaba la sub estación, fue arrestado mediante un allanamiento realizado por cinco fiscales de la Procuraduría General Adjunta para el sistema eléctrico.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción Víctor Rosario se encargaba de la desconexión de dos fases del sistema que impedían que el medidor pudiera cuantificar el consumo real de la energía utilizando un transfer de doble tiro, el cual encendía de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana
Desvincula al ASDE
El Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico, Moises Ferrer, dijo que durante la investigación se pudo determinar que no se encontró evidencias que vincule al cabildo en la comisión del fraude.
Explicó que el ASDE durante la gestión de Domingo Batista en el 2003 contrajo un contrato de servicios entre el cabildo y la empresa Credigás por un valor de 414 mil 168.75 pesos como pago del servicio de energía girado a favor de Credigás.
Sostuvo que luego ese contrato fue continuado en la gestión del Juan de los Santos, pero que el fraude fue cometido en el mes de enero hasta la fecha envolviendo una suma de 16 millones de pesos, cuatro millones al mes.
Detalló que solicitaron al director de Migración una certificación para comprobar si Jangles Vásquez salió del país y que fue dejada una citación para que comparezca hoy a fin de ser interrogado.
Manifestó que en torno al caso serán interrogados contratistas de las Edes con el fin de determinar si tuvieron participación en el fraude denunciado por el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini.
Moisés Ferrer hizo un llamado a los empresarios para que desistan de esa práctica insultante del robo de energía que afecta de manera directa la economía de los dominicanos, en razón de que el Estado tiene que erogar cuantiosos recursos para subsidiar a la clase más vulnerables.
Dijo que si se determina que el propietario tiene vinculación en los hechos se le solicitará prisión preventiva al igual que al empleado Víctor Rosario, a quien se dictó prisión preventiva por dos meses. LD
Condenan a 30 años de prisión a “Quirinito”
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Justicia
San Cristóbal.- Los jueces del tribunal colegiado de la Cámara Penal de San Cristóbal condenaron este mediodía a 30 años de prisión a Pedro Alejandro Castillo (Quirinito) tras ser hallado culpable de asesinar al español Gustavo Adolfo Cervantes (Waikiki).
La medida fue adoptada por las magistradas Luz del Carmen Matos Díaz, Emilki Terrero Dajer y Biulkis Milanés, quienes también condenaron a cinco años de prisión a Giovanny Antonio Padilla Santiago, por complicidad.
Las magistradas ordenaron que “Quirinito” cumpla condena en la cárcel de Najayo, donde guarda prisión preventiva. El conocimiento de la vista concluyó pasado este mediodía.
Quirinito fue puesto en libertad y reapresado el pasado por una orden de la Fiscalía de San Cristóbal cuando se dirigió al Palacio de Justicia de esa ciudad a la firma semanal del libro de permanencia en el país.
El reapresamiento de Castillo, quien lleva un proceso judicial por la muerte del español Adolfo Justo Cervantes Arellano (Waikikí), se debió a que la corte de apelación de Distrito Nacional revocó el hábeas corpus que le beneficia para tenerlo en libertad.
El tribunal fijó para el miércoles 28 de abril la lectura integra de la sentencia. LD
Juez rechaza pedimento ex banquero de permiso para salir a estudiar
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Justicia
El Juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal rechazó el pedimento del ex banquero Andrés Alejandro Aybar de que se le otorgara un permiso todos los lunes, durante un año y cinco meses, para concluir sus estudios de Derecho en la Universidad de la Tercera Edad (UTE).
El magistrado Francisco Mejía Angomás indicó que aunque humanamente es procedente la solicitud, en la práctica no es ejecutable por falta de logística y además porque habría que concederle igual privilegio a todos los reclusos que lo soliciten.
Los jueces ordenaron a la Dirección General de Prisiones brindar las facilidades de lugar para que el ex banquero, condenado a cinco años por el fraude en el banco Mercantil, estudie en la cárcel, como los demás reos. ND
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