Muchas veces no se cumplen las normas para construir templos, y muchas otras son las propias comunidades las que deciden levantar estos edificios, con o sin el aval del obispo. Quizás estas comunidades no vean ningún problema ético en emplear este dinero
SANTO DOMNGO, República Dominicana.- Un nuevo escándalo sacude a la administración pública nacional, ya que el actual presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, recibió pagos millonarios por servicios de asesorías legales de parte de la Lotería Nacional, situación que viene repitiendo desde hace seis años su bufete de abogados. ¿Incompatibilidad de funciones? o ¿tráfico de influencias?
RD$332 mil 500 pesos RD$1 millón 201 mil 683 pesos, RD$1 millón 353 mil 750 pesos, RD$1 millón 462 mil 500 pesos, RD$2 millones 205 mil pesos y RD$3 millones 150 mil pesos.
Esos son los pagos que desde diciembre de 2005 hasta marzo de 2008, recibió el bufete de abogados Rosario Márquez & Asociados, propiedad del presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, por asesorías legales realizadas a la Lotería Nacional. En total, los seis cheques ascienden a más de 9 millones 705 mil pesos. (RD$9.705.433)
Iniciemos con la Constitución de la República que dice en su Artículo 108, que “Ninguna función o cargo público a que se refieren en esta Constitución y las leyes, serán incompatibles con cargos honoríficos y los docentes”. En otras palabras, las funciones públicas solo son compatibles con cargos sin sueldo o de docencia.
Pero también entra el factor ético, Manuel Morel Cerda, ex presidente de la Junta Central Electoral, dijo que es antiético, el artículo 378, inciso 8 del Código de Procedimiento Civil, estipula entre las causas de recusación de un juez el servirle consultas, hacerle trabajos, recibir dádivas.
Manuel Ramón Morel Cerda, fue presidente de la Junta Central Electoral entre 1998 y el 2003.
Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, asegura que las leyes son claras.
entendemos que las propias legislaciones, las leyes en nuestro país condenan este tipo de conflictos de intereses.
Ramón Antonio Veras, reconocido jurista de Santiago, dice que se presta a conjeturas.
En el pasado, jueces de la junta han ejercido como abogados durante sus respectivos periodos en el tribunal electoral.
Pero Morel Cerda aclara que en estos dos casos, representaban a privados nunca al estado.
Cuenta que cuando fue elegido presidente de la Junta en 1998, él cerró su bufete para precisamente evitar conflictos de intereses.
¿Pudiera alegar Roberto Rosario que no actuó personalmente en estas asesorías legales, sino que el bufete que lleva su nombre realizó los servicios, aunque en al menos dos cheques aparece su firma como recibidos?
“Estamos, en primer lugar, ante una clara violación ética que en un ejercicio democrático institucional en el país, sobre todo en una institución como la JCE, no se puede permitir, porque estamos hablando de los árbitros de los procesos de elección de las autoridades en nuestro país que precisamente tienen que ir al Estado a desempeñar funciones públicas.
El 12 de febrero del 2007, cobró RD$3 millones 150 mil pesos por un acto de alguacil, una asesoría legal y asistencia de un Adendun, elaboración del contrato, elaboración y remisión de firmas y la legalización del acuerdo.
Pero, en el detalle de los honorarios, el bufete también agregó la demanda de la contraparte y el acuerdo transaccional, tipificaciones que según bufetes consultados, regularmente no se incluyen. Igual lo especificaron en casi todas las facturas. Este cheque en particular, fue firmado por el propio Roberto Rosario cuando se recibió el pago.
Consultamos a algunos de los principales y más reconocidos bufetes de abogados del país sobre el valor que cobran por estas asesorías legales.
Nos detallaron que un acto de alguacil no supera los 10 mil pesos en promedio; la elaboración de un contrato, en general, no sobrepasa los 25 mil pesos; una asesoría legal, dependiendo del tema, se cobra por hora; y la elaboración y remisión de firmas tiene un costo, en promedio, de 20 mil pesos.
Incluso, El Informe tuvo acceso a la lista de precios de algunas compañías de seguros y bancos con respecto a lo que pagan por servicios legales a abogados contratados. Esto nos permitió tener una referencia más acabada sobre la dimensión de los honorarios pagados por la Lotería Nacional al bufete de Roberto Rosario Márquez-
Por ejemplo, La Colonial por casos civiles paga entre 2.000 y 10 mil pesos dependiendo el servicio. Estos incluyen desde la constitución de abogado y audiencia en primera instancia, diversos tipos de escritos, audiencia de corte de apelación, demanda de suspensión y recurso de casación, siendo este ultimo el servicio mejor pagado.
En casos penales, las tarifas no sobrepasan los 3.000 pesos.
Mientras, que el Banco de Reservas, por actos en primer grado civil, paga entre 1.500 y 5.000 pesos. Estos precios incluyen gastos de alguacil, copias, rol e impuestos y traslados. En materia de la Corte de Apelación, sus precios son de 5.000 pesos.
En Seguros Universal, los tarifas varían entre los 1.500 y los 5.000 pesos. Incluso, para el pago de viáticos o transporte para comparecencia de las audiencias, se aplica una tarifa de 15 pesos por kilómetro, y en caso de una comparecencia a más de una audiencia, 10 pesos por kilómetro.
En Proseguros, la tabla de precios para la facturación de los abogados, varía en materia civil entre 750 y 12.000 pesos, lo mismo se aplica en materia penal (750 hasta 12 mil pesos)
Mientras, que en Mapfre BHD, las tarifas fluctúan, en materia civil, entre 870 y los 4.060 pesos; en Segundo Grado de Jurisdicción, los precios van desde los 870 y los 5,220 pesos; y en Suprema Corte de Justicia, los valores rondan entre los 870 y 8,120 pesos.
Curiosamente, tres de las facturas de los cheques pagados por la Lotería al bufete Rosario Márquez y Asociados, detallan que el pago por la asesoría legal fue en virtud de la Ley N°302, sobre Honorarios Profesionales, y la Ley N°301, sobre Honorarios de Notarios.
Esta Ley, data de 1904, y aunque fue enmienda por ultima fue en 1988, es poco utilizada por abogados a la hora de fijar honorarios, ya que las tarifas que aparecen son mínimas, las cuales parten desde los 10 pesos y no sobrepasan los 550 pesos en muchos casos.
Otro cheque recibido por Rosario Márquez fue de RD$2 millones 205 mil pesos.
El mismo está relacionado a servicios legales prestados a la Lotería Nacional por un caso presentado encontra de la institución por Alfredo Paula y Asociados.
Se trata del levantamiento de un embargo retentivo u oposición que fue oído por el doctor José Elías Rodríguez Blanco, por si y por los doctores Alexis Diclo Garabito, y el propio Roberto Rosario Márquez, tal y como aparece en el documento de audiencia del 12 de septiembre del 2005.
El viernes pasado nos comunicamos con el asistente de Roberto Rosario Márquez para solicitar una entrevista para conocer su opinión sobre esta denuncia, sin embargo, nos dijeron que no concedería la entrevista porque, según Rosario, otros jueces de la JCE también han realizado asesorías mientras estuvieron en ese organismo. SIN
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La corrupción constituye el principal obstáculo a la hora de hacer negocios en la República Dominicana, según el Informe de Competitividad Global 2010-2011 publicado este jueves por el Foro Económico Mundial.
De los 15 factores problemáticos identificados por la publicación, la corrupción en el país representa el 19.3 por ciento, seguida por la ineficiencia de la burocracia, con 12.8 por ciento, el acceso al financiamiento, con 10.7 por ciento, y las tasas impositivas, con 10.3 por ciento.
A continuación están las regulaciones fiscales, con 8.5 por ciento; la ineficiente provisión de infraestructura, 7.7 por ciento, y una fuerza laboral educada inadecuadamente, con 5.4 por ciento.
Completan los elementos negativos el crimen y robo, con 5.2 por ciento; la pobre ética en la mano de obra nacional, 4.9 por ciento; las regulaciones laborales restrictivas, 4.3 por ciento; la inestabilidad política, 3.1 por ciento; la inflación, 3 por ciento; pobre salud pública,3 por ciento; reglamento en monedas extranjeras, 1.5 por ciento y, por último, la inestabilidad del gobierno, 0.3 por ciento.
Los resultados obtenidos en los 15 indicadores evaluados, sitúan a la República Dominicana en el lugar 101 de los 139 países incluidos en el informe.
Competitividad
Este año, el país retrocedió 6 puntos en el Índice Global de Competitividad con relación al 2009, al pasar del puesto 95 al 101.
En el índice, mientras más cercana a uno es la posición obtenida por el país evaluado, más alto es su índice de competitividad. Los factores evaluados se agrupan en tres renglones: requerimientos básicos; potenciadores de eficiencia e innovación y factores de sofisticación.
En estos tres renglones del índice, el peor posicionamiento del país es en requerimientos básicos, en el cual ocupa la posición 107; en potenciadores de eficiencia, mejora hasta la posición 92, y en innovación y factores de sofisticación, alcanza el puesto 99, siempre en el conjunto de 139 países.
El Índice Global de Competitividad es un indicador construido por el Foro Económico Mundial y es calculado a partir de datos públicos y una encuesta anual realizada por el propio Foro. 7D
Más de un 40% de las instituciones del Estado no cumplen con la ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones Públicas, menos de un 10% lleva a cabo los procesos de licitaciones y una gran parte no publica todas las informaciones en su página web.
Así lo dieron a conocer varias organizaciones empresariales y de la sociedad civil, mediante la Mesa de la Iniciativa Participativa Anti Corrupción (IPAC), las cuales indicaron que la ley 340-06 no se está cumpliendo en la mayoría de las instituciones debido a la falta de compromiso de los funcionarios y a la ausencia de mecanismos adecuados de supervisión y de control de los órganos estatales correspondientes.
Los miembros de la sociedad civil entienden que hay poca voluntad política para cumplir con la normativa vigente y afirmó que las leyes son para cumplirlas íntegramente, no a medias ni en dependencia de las conveniencias o criterios de los funcionarios intervinientes.
El director de Participación Ciudadana (PC), Javier Cabreja, expresó que el portal Compras Dominicanas es poco funcional, ya que no ofrece herramientas para el monitoreo y control de los procesos de compras y contrataciones.
Indicó que este portal es simplemente informativo, no permite manejar transacciones y sólo presenta parte de las informaciones exigidas por la ley.
Los resultados de la mesa del IPAC indican que la lucha contra la corrupción no tiene posibilidad de éxito si no se aplican correctamente las leyes, normas y procedimientos de control diseñados para evitar manejos inadecuados de los recursos del Estado, y si los ciudadanos no reclaman las sanciones a los responsables de de actos ilegales. LD
Santo Domingo, (EFE).- Los actos de corrupción conocidos en República Dominicana en los últimos 10 años han resultado en la malversación de unos 2.900 millones de dólares, según denunció este viernes el funcionario responsable de perseguir ese flagelo en el país en declaraciones a la prensa local.
El director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, precisó que el 95 por ciento de los casos de corrupción hecho públicos permanecen impunes debido a que la justicia no aplica la ley a todos los acusados por igual.
Aseguró que cuando los tribunales conocen un expediente acusatorio contra un funcionario de menor jerarquía las pruebas son suficientes y se llega a juicio de fondo, mientras que todo lo contrario sucede cuando los funcionarios son "poderosos".
Bonilla involucró en su denuncia a los fraudes bancarios cometidos en el país en 2003 y que estuvieron a punto de causar el colapso de la economía dominicana.
Destacó que los fraudes y la posterior quiebra de tres bancos en 2003 significaron la malversación de casi 2.000 millones de dólares, los que fueron asumidos por el Estado para garantizar los recursos a los ahorradores de esas entidades financieras, "en violación" a la ley bancaria, aseguró.
Bonilla también dijo que el sistema de justicia dominicano "no está concebido" para perseguir y sancionar penalmente a los políticos.
"El sistema político mantiene mucha incidencia sobre el sistema judicial, incluido el Ministerio Público, la Policía (Nacional) y todos los organismos de la investigación", explicó.
El funcionario indicó que ha llegado a esas conclusiones, tras su permanencia de más de cinco años como director del Departamento Anticorrupción dominicano.
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- En un estudio dado a conocer por Participación Ciudadana (PC), la Presidencia de la República resultó ser la instancia menos transparente del Estado dominicano.
Aunque la Presidencia sale con la peor puntuación y considerando que es corazón y cerebro del Estado, al concentrar las decisiones más importantes y subordinar el resto de los poderes públicos, PC determinó que la transparencia de las instituciones estatales registra una cierta mejoría, por el hecho de que 12 de las 21 más importantes obtuvieron por encima de 60 puntos en la evaluación.
El trabajo investigativo fue realizado por Isis Duarte, Julia Hasbún y Juan Montero, y fue financiado con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
De acuerdo con la evaluación, la Procuraduría General de la República es la institución con la gestión más transparente, con un índice de 99 puntos, seguida por Salud Pública con 94 y Administración Pública con 93.
Otras instituciones que salen bien paradas en transparencia, según los parámetros de Participación Ciudadana, son los ministerios de Relaciones Exteriores (88.4) y Deportes (82.8).
Los menos transparentes resultaron ser los ministerios de la Presidencia (1.9), Educación Superior (7.6), Interior y Policía (11.5). También entre las entidades estatales con gestión menos transparente están las Fuerzas Armadas (27.1), Hacienda (35.1) y Cultura (39.4).
“Nuestra institución, en el marco del programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, con el apoyo de la USAID, pone a disposición de la ciudadanía la segunda entrega del Índice de Cumplimiento de Normas que promueven transparencia en la gestión pública correspondiente al 2010, el cual incluye a los 20 ministerios y a la Procuraduría General de la República”, dijo Santiago Sosa, coordinador de la entidad cívica, al dar a conocer el informe.
La indagatoria se hizo básicamente sobre el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la de Compras y Contrataciones, así como la de Función Pública.
Según Participación Ciudadana, el índice no implica que haya más o menos corrupción, porque “no se trata de un instrumento de verificación o identificación de este factor, que sería muy complejo sin una minuciosa auditoría”.
Con excepción del Ministerio de Obras Públicas, todas las instituciones evaluadas por segunda vez aumentaron su puntuación, que en promedio pasó de 42.6 puntos en 2007 a 74.4 puntos en 2010.
“Esto revela un progreso en los esfuerzos por una mayor transparencia en la gestión pública, y es un buen indicador de los valioso que puede resultar este tipo de instrumento”, declaró Participación Ciudadana. 7D
El director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Ramón Emilio Núñez, reveló que en los últimos años 24 fiscales han sido sometidos en todo el país por ante el Tribunal Disciplinario de esa instancia por incurrir en indelicadezas en el ejercicio de sus funciones.
CAPACITAN A 74 ASPIRANTES A FISCALES
Propician la evaluación
Núñez destacó la importancia de las publicaciones sobre irregularidades en el Ministerio Público, toda vez que propician el conocimiento “de la evaluación de las instituciones, organizaciones y personalidades de la vida jurídica nacional respecto de las actividades denunciadas”. EC
Organizaciones de la sociedad civil confirmaron ayer la denuncia de que fiscales a cargo de investigaciones criminales negocian con imputados su exclusión de expedientes, situación que advierten atenta contra la transparencia del Ministerio Público.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) cree fiscales adjuntos prostituyen el código procesal penal y abusan de la discrecionalidad y facultades que poseen en la investigación de los crímenes y delitos, beneficiando la delincuencia a cambio del pago de sobornos. Trajano Vidal Potentini, Presidente de la FJT, cito como acciones claras y evidentes del manejo doloso de los expedientes por parte de los fiscales adjuntos, el dejar vencer los plazos procesales, negligencia y dejadez en el proceso de investigación, recolección de pruebas contaminadas y por consiguiente ilegales e inadmisibles y en ocasión de las vistas de medidas de coerción, en principio piden la prisión preventiva, lo cual se hace constar por escrito y posteriormente coinciden con los argumentos de la defensa, sin dejar rastros de esta coincidencia en razón de que las argumentaciones no se plasman por escrito.
Otro punto, que a juicio de la FJT, constituye sin lugar a dudas el talón de Aquiles de las acciones de los fiscales adjuntos lo es la discrecionalidad y poder que le acuerda el artículo 281 del Código Procesal Penal para archivar los expedientes bajo diversos argumentos ejemplos: cuando no existan suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho; cuando los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos; cuando un obstáculo legal impida el ejercicio de la acción; porque el hecho no constituya una infracción a las leyes penales; por la concurrencia de un hecho justificativo o que la persona no pueda ser considerada penalmente responsable; en fin cuando a juicio del fiscal actuante proceda aplicar un criterio de oportunidad.
Todo este poder y margen de discrecionalidad con que actúan los fiscales ha servido para esconder acciones y conductas, ajenas a la ética y la moral que se están perpetrando a lo interno del Ministerio Público.
Para que la sociedad tenga una idea de la gravedad de la denuncia, que hacemos, argumentó Potentini, que solo bastaría con realizar un inventario para conocer la cantidad y el contenido de los expedientes archivados por los fiscales. “Ahí vamos a encontrar horrores. Es decir, casos graves de narcotráfico, lavado de activos, robos y homicidios que son archivados bajo el subterfugio o alegato de que no hay suficientes pruebas o que existe la imposibilidad material de aportar o buscar nuevas pruebas”.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), está convencida de que sólo si se levantan estadísticas de los casos archivados se podrá observar el abismo de impunidad que esconde esta práctica inmoral en el manejo de expedientes. Asimismo, entiende que los datos que arroje un inventario de expedientes archivados deberían servir de base a las evaluaciones que realiza la Escuela del Ministerio Público a los fiscales, verificando su rendimiento en el fallo, seguimiento y condena de los casos tratados.
Trajano Potentini, saluda la decisión del Procurador General de la República, de conformar una comisión para investigar la participación de fiscales en hechos dolosos, y sugiere a la comisión empezar las indagaciones por los expedientes de crímenes graves archivados por los fiscales. De igual forma reconoce, que en el Ministerio Público se advierten avances en el orden institucional, por el desarrollo e implementación de la ley 78-03 que instituye el Estatuto del Ministerio Público; así como por la nueva Constitución que crea el Consejo Superior del Ministerio Público; y en el caso particular de la Procuraduría General de la República, hoy día se le registra como una de las instituciones con mayores niveles de transparencia en su manejo interno, cosa que no ocurre con los fiscales en la mayoría de las provincias del país. ND
Fiscales adjuntos de investigaciones criminales estarían “negociando” con personas involucradas en expedientes a cambio de desvincularlos de las acusaciones o, en su defecto, lograr que lleguen a los tribunales sin ningún tipo de sustentación.
Informes son confidenciales
Las personas que se han acercado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar a los fiscales alegadamente corruptos lo hacen de forma discreta, pero confían en que las autoridades procedan a investigar de manera exhaustiva esas anomalías, las cuales van en detrimento de la imagen del Ministerio Público. EC
Jiménez instó a la comisión realizar "una profunda y exhaustiva investigación", con relación a la denuncia publicada hoy en el periódico El Caribe acerca de las supuestas irregularidades cometidas por fiscales adjuntos a cargo de investigaciones criminales y de naturaleza delictiva.
De acuerdo con el diario, fiscales adjuntos "estarían negociando con personas involucradas en expedientes a cambio de desvincularlos de las acusaciones o, en su defecto, lograr que lleguen a los tribunales sin ningún tipo de sustentación".
La información advierte que la situación ha llegado al extremo de que no sólo los acusados reciben ofertas por parte de los fiscales para negociar sus casos, sino que éstos mismos ofrecen de manera personal dinero a cambio de conseguir "expedientes carentes de fundamentos y sin sustancia investigativa suficiente para enjuiciarlos y enviarlos a prisión".
Las denuncias, agregó El Caribe, llegaron hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, "entidad que ha servido de receptora de decenas de casos de extorsión por parte de fiscales adjuntos".
El presidente de esta entidad, Manuel María Mercedes, señaló en la información que las denuncias de los fiscales supuestamente involucrados en estos actos, proceden en general de las provincias San Juan de la Maguana (suroeste), San Cristóbal (sur) y la capital del país, Santo Domingo, generalmente.
"No es solamente que le piden, sino que le han ofertado dinero y lo han dado. Tenemos los registros de las personas", aseguró.
El procurador dominicano aseguró, tras solicitar la investigación del caso, que de comprobarse la denuncia "aplicaremos las sanciones correspondientes". EFE
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SANTO DOMINGO, RD.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) depositó este lunes ante la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) una querella contra el alcalde saliente del Ayuntamiento de Santiago, José Enrique Sued, por el supuesto manejo irregular de más de mil millones de pesos durante su gestión. El coordinador general de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio, dijo al entregar la querella, que Sued manejó el ayuntamiento de Santiago como si se tratara de un patrimonio familiar, donde benefició a gran parte de su familia y amigos cercanos con otorgamiento de obras grado a grado, en flagrante violación a la ley 340-06, que trata sobre las obras y contrataciones públicas.
Indicó que José Enrique Sued fue tan indelicado en el cargo, que en fecha 4 de marzo del 2008 autorizó la orden de compra No. 13409 a favor de la entidad comercial OMB CARIBE, sin dirección ni otras especificaciones legalmente mandatarias, para la adquisición de 6 camiones compactadores marcas Mercedes Benz CWS, cajas desmontables y contenedores.
Dentro de la querella depositada por ADOCCO, tanbien se presentaron contratos, facturas, autorizaciones, solicitudes de confecciones de cheques, testimonios, así como fragmentos de la obra del periodista Esteban Rosario, titulada “La Corrupción en los Ayuntamientos de Santiago, que recoge informaciones de las serias irregularidades que supuestamente ha habido en el Ayuntamiento de Santiago.
De la Rosa Tiburcio aseguró que el DPCA no necesita de la auditoria que está haciendo la Cámara de Cuentas en el cabildo santiaguero, ya que con las pruebas que están aportando son más que suficiente para no esperar,que la institución fiscalizadora del Estado se decida a entregar el informe de auditoria.
Mientras que el presidente de la DPCA, Hotoniel Bonilla, se comprometió a darle seguimiento e investigar las ejecuciones administrativas del Ayuntamiento de Santiago, sobre todo con respeto a diversas contrataciones de obras irregulares que también fueron denunciadas. ND
De acuerdo al funcionario, la auditoria comprobó que el gremio choferil retuvo 4 millones 562 mil 303 pesos con 18 centavos por concepto de pago de cuotas, y 8 millones 981 mil 34 pesos con 79 centavos por concepto de seguros para vehículos que fueron pagados con dos cheques sin fondos.
Según las informaciones suministradas por el FONDET, de los cheques sin fondos numerados con el No.8 y el No. 000723 del 17 de febrero del 2004 y 2 de julio del 2004 respectivamente, no hubo reposición por parte de FENATRANO.
Asimismo, señala el funcionario que además de la estafa al retener fondos públicos que debieron ser depositados en el organismo que dirige, la entidad que agrupa a los transportistas cometió otro delito penal al otorgar cheques sin fondos.
Cardoza informó que recibió una copia de la auditoria practicada a FENATRANO, a cargo de los auditores de la Cámara de Cuentas Jorge Ventura y Kennedy Fernández.
El informe de La Cámara de Cuentas con el número –DGA-CI-0256-2009- abarcó la investigación de 56 casos de choferes adquirientes de unidades del desaparecido Plan Renove, donde los dueños de los vehículos expresaron mediante declaración jurada que habían pagado a –FENATRANO- como entidad intermediaria, pero que la agrupación del transporte no entregó dichos fondos al Estado en su totalidad. ND