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La eviterna corrupción

El discurso de los organismos internacionales se repite: la corrupción y la impunidad son la fuente de la inseguridad ciudadana y de otros males que aquejan a los pueblos. El mensaje, expresado por expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un panel sobre “Los nuevos enfoques en la prevención y control de la corrupción en la esfera pública” tiene un único destinatario: el Gobierno. Medidas tan bien recibidas como la reintegración de miles de policías a sus cuarteles para reforzar el patrullaje podrían fracasar de no complementarse con acciones para generar confianza en la población. Los especialistas citaron diferentes estudios según los cuales la corrupción y la impunidad han propiciado que organizaciones criminales desarrollen y establezcan verdaderas estructuras de poder. En el caso dominicano no hay que pensar mucho para encontrar los que pueden ser algunos buenos ejemplos. Hace unos días un representante internacional había señalado que la corrupción podría haber hecho metástasis. El BID y el Banco Mundial han insistido en la necesidad de enfrentar la corrupción y la impunidad con acciones concretas, no sólo como antídoto contra la inseguridad, sino para atraer inversiones. Pero... EN
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Sacerdote: soldados cobran RD$5,000 para dejar pasar haitianos en frontera

El coordinador de Servicios Jesuitas de Refugiados denunció este martes que existe una migración incontrolada en la frontera Noroeste entre Haití y República Dominicana, donde los soldados cobran peaje y se trafica con todo tipo de sustancias ilegales.
El sacerdote Regino Martínez dijo que los soldados del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) cobran hasta cinco mil pesos por dejar pasar a cada ilegal haitiano.
Dijo, además, que en esa frontera no existen las indumentarias para detectar armas, ni perros amaestrados para decomisar drogas, para que un soldado pueda hacer el trabajo para detener el tráfico ilegal.
“Ahora han aumentado el costo del traje, antes era RD$2,500 y ahora hay que darles RD$5,000, nadie los ha autorizado a cobrar eso. Lo autoriza la posta militar”, dijo Martínez entrevistado en la puerta del Congreso Nacional donde se han instalado un grupo de organizaciones de la sociedad civil y comunitaria en reclamo de que el Gobierno cumpla con la cuota del cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación.
Sostuvo que lo que se necesita es que las autoridades apliquen la ley para evitar esa situación de tráfico de personas y armas.
“Hay un tráfico incontrolado, no hay un control inteligente para saber si es droga o arma. Allá nunca se ha llevado un detector de armas, o un perro amaestrado para controlar la droga. El guardia a simple ojo dice si es grande RD$100.00, si es chiquito RD$50.00. Ese es el control que hay”, enfatizó.
Martínez dijo, además, que se hace necesaria la reapertura del mercado binacional, porque perjudica no solo a los haitianos, sino también a los dominicanos.
Indicó que los dominicanos no les hacen un favor vendiéndole los productos a los haitianos, ya que éstos también se benefician y dinamizan la economía de la zona, desde un simple motoconchista hasta un grande industrial. EN
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La Iglesia mexicana y la "tentación" del narco

Capilla del barrio de Pachuca, en Hidalgo (Foto cortesía de El Independiente de Hidalgo)
La capilla del barrio de Pachuca, en Hidalgo, parece haber sido financiada por el líder de Los Zetas (Foto cortesía de El Independiente de Hidalgo).
Para los grupos criminales, el narcotráfico es un negocio; para el gobierno mexicano, una lacra; y para la Iglesia Católica, un pecado.
Por eso, cuando la semana pasada trascendió que una capilla levantada en un barrio popular de Pachuca (Hidalgo) se habría construido con las donaciones de un supuesto líder criminal, la jerarquía eclesiástica del país alertó de la posible infiltración del narcotráfico en las entrañas de su organización.
Una placa en el colorido templo de Tezontle recuerda al supuesto benefactor, Heriberto Lazcano Lazcano, considerado como líder de la banda de Los Zetas, un violento grupo dedicado al tráfico de cocaína, la extorsión y los secuestros, según las autoridades mexicanas.
"Señor, escucha mi oración, oye mi plegaria, por tu lealtad respóndeme, por tu justicia…", dice la inscripción de la capilla de Pachuca, que remite al Salmo 143: "El enemigo me persiguió a muerte, aplastó mi vida contra el suelo; me introdujo en las tinieblas"…

AMENAZADOS Y "COLUDIDOS"

La Iglesia Católica mexicana ha denunciado en varias ocasiones que muchos sacerdotes viven bajo la amenaza del narcotráfico. Ahora también reconoce que "el poder corruptor" pudo llegar a algunos templos.
La Procuraduría General de la República inició una averiguación previa para conocer qué papel jugó "El Lazca" en la construcción del Centro de Evangelización Juan Pablo II y si las autoridades religiosas conocían la procedencia de estas "narcolimosnas", como se conoce popularmente a unas donaciones que sirven a la vez para lavar dinero y conciencias.

"Caer en la tentación"

La Iglesia Católica mexicana ha denunciado en varias ocasiones que muchos sacerdotes viven bajo la amenaza constante del narcotráfico por su labor al frente de organizaciones de derechos humanos o por denunciar los crímenes de los carteles.


Pero ahora también reconoce que "el poder corruptor del narcotráfico" se infiltró en algunos ambientes religiosos, como antes lo hizo en otros sectores de la sociedad.

Placa que detalla quién fue el donante
Heriberto Lazcano Lazcano, líder de Los Zetas parece ser el benefactor de la capilla. (Foto cortesía de El Independiente de Hidalgo).

"Para vergüenza de algunas comunidades católicas, hay sospechas de que benefactores coludidos con el narcotráfico han ayudado con dinero, del más sucio y sanguinario negocio, en la construcción de algunas capillas", reza un editorial publicado en el semanario católico Desde la Fe tras conocerse el caso de Pachuca.
Según le dijo a BBC Mundo Hugo Valdemar, portavoz de la Arquidiócesis de México, "es posible que algún sacerdote caiga en la tentación de aceptar este dinero sucio, inmoral y que trae tras de sí un historial de muerte y corrupción".

Falta de control

Aunque subrayó que se trata de casos aislados, Valdemar advirtió que el principal problema con el que se encuentra la Iglesia a la hora de identificar estas "narcolimosnas" es la falta de control en la construcción de algunas capillas.
Muchas veces no se cumplen las normas para construir templos, y muchas otras son las propias comunidades las que deciden levantar estos edificios, con o sin el aval del obispo. Quizás estas comunidades no vean ningún problema ético en emplear este dinero
Hugo Valdemar, vocero de la Iglesia
"Muchas veces no se cumplen las normas para construir templos, y muchas otras son las propias comunidades las que deciden levantar estos edificios, con o sin el aval del obispo. Quizás estas comunidades no vean ningún problema ético en emplear este dinero", aseguró.
El vocero de la Arquidiócesis argumenta que la falta de conocimiento en la cúpula católica es lo que impide frenar la construcción de las narcocapillas. Pero, de saberse, ¿qué podría hacer la Iglesia frente a un sacerdote que sucumbe a esta tentación?
"Desde el punto de vista del derecho canónico, se le tendría que suspender de su ministerio, por incurrir en un acto inmoral que daña a la Iglesia. Desde el punto de vista civil, tendría que pagar con la cárcel si es que se demuestra que es cómplice", sentenció Valdemar.
Y desde el punto de vista moral… "el fin no justifica los medios". "De ninguna manera se puede usar este dinero, por buenos que sean los fines que se les quiera dar", dijo. "De hacerlo, la Iglesia estaría traicionando su misión: denunciar la destrucción del narco".
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Presidente Cámara Administrativa JCE recibió pagos millonarios de la Lotería Nacional

SANTO DOMNGO, República Dominicana.- Un nuevo escándalo sacude a la administración pública nacional, ya que el actual presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, recibió pagos millonarios por servicios de asesorías legales de parte de la Lotería Nacional, situación que viene repitiendo desde hace seis años su bufete de abogados. ¿Incompatibilidad de funciones? o ¿tráfico de influencias?

RD$332 mil 500 pesos RD$1 millón 201 mil 683 pesos, RD$1 millón 353 mil 750 pesos, RD$1 millón 462 mil 500 pesos, RD$2 millones 205 mil pesos y RD$3 millones 150 mil pesos.

Esos son los pagos que desde diciembre de 2005 hasta marzo de 2008, recibió el bufete de abogados Rosario Márquez & Asociados, propiedad del presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, por asesorías legales realizadas a la Lotería Nacional. En total, los seis cheques ascienden a más de 9 millones 705 mil pesos. (RD$9.705.433)

Iniciemos con la Constitución de la República que dice en su Artículo 108, que “Ninguna función o cargo público a que se refieren en esta Constitución y las leyes, serán incompatibles con cargos honoríficos y los docentes”. En otras palabras, las funciones públicas solo son compatibles con cargos sin sueldo o de docencia.

Pero también entra el factor ético, Manuel Morel Cerda, ex presidente de la Junta Central Electoral, dijo que es antiético, el artículo 378, inciso 8 del Código de Procedimiento Civil, estipula entre las causas de recusación de un juez el servirle consultas, hacerle trabajos, recibir dádivas.

Manuel Ramón Morel Cerda, fue presidente de la Junta Central Electoral entre 1998 y el 2003.

Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, asegura que las leyes son claras.

entendemos que las propias legislaciones, las leyes en nuestro país condenan este tipo de conflictos de intereses.

Ramón Antonio Veras, reconocido jurista de Santiago, dice que se presta a conjeturas.

En el pasado, jueces de la junta han ejercido como abogados durante sus respectivos periodos en el tribunal electoral.

Pero Morel Cerda aclara que en estos dos casos, representaban a privados nunca al estado.

Cuenta que cuando fue elegido presidente de la Junta en 1998, él cerró su bufete para precisamente evitar conflictos de intereses.

¿Pudiera alegar Roberto Rosario que no actuó personalmente en estas asesorías legales, sino que el bufete que lleva su nombre realizó los servicios, aunque en al menos dos cheques aparece su firma como recibidos?

“Estamos, en primer lugar, ante una clara violación ética que en un ejercicio democrático institucional en el país, sobre todo en una institución como la JCE, no se puede permitir, porque estamos hablando de los árbitros de los procesos de elección de las autoridades en nuestro país que precisamente tienen que ir al Estado a desempeñar funciones públicas.


Lo que también captó nuestra atención de estos servicios prestados por el bufete Rosario Márquez y Asociados a la Lotería Nacional, fueron los montos cobrados.

El 12 de febrero del 2007, cobró RD$3 millones 150 mil pesos por un acto de alguacil, una asesoría legal y asistencia de un Adendun, elaboración del contrato, elaboración y remisión de firmas y la legalización del acuerdo.

Pero, en el detalle de los honorarios, el bufete también agregó la demanda de la contraparte y el acuerdo transaccional, tipificaciones que según bufetes consultados, regularmente no se incluyen. Igual lo especificaron en casi todas las facturas. Este cheque en particular, fue firmado por el propio Roberto Rosario cuando se recibió el pago.

Consultamos a algunos de los principales y más reconocidos bufetes de abogados del país sobre el valor que cobran por estas asesorías legales.

Nos detallaron que un acto de alguacil no supera los 10 mil pesos en promedio; la elaboración de un contrato, en general, no sobrepasa los 25 mil pesos; una asesoría legal, dependiendo del tema, se cobra por hora; y la elaboración y remisión de firmas tiene un costo, en promedio, de 20 mil pesos.

Incluso, El Informe tuvo acceso a la lista de precios de algunas compañías de seguros y bancos con respecto a lo que pagan por servicios legales a abogados contratados. Esto nos permitió tener una referencia más acabada sobre la dimensión de los honorarios pagados por la Lotería Nacional al bufete de Roberto Rosario Márquez-

Por ejemplo, La Colonial por casos civiles paga entre 2.000 y 10 mil pesos dependiendo el servicio. Estos incluyen desde la constitución de abogado y audiencia en primera instancia, diversos tipos de escritos, audiencia de corte de apelación, demanda de suspensión y recurso de casación, siendo este ultimo el servicio mejor pagado.

En casos penales, las tarifas no sobrepasan los 3.000 pesos.

Mientras, que el Banco de Reservas, por actos en primer grado civil, paga entre 1.500 y 5.000 pesos. Estos precios incluyen gastos de alguacil, copias, rol e impuestos y traslados. En materia de la Corte de Apelación, sus precios son de 5.000 pesos.

En Seguros Universal, los tarifas varían entre los 1.500 y los 5.000 pesos. Incluso, para el pago de viáticos o transporte para comparecencia de las audiencias, se aplica una tarifa de 15 pesos por kilómetro, y en caso de una comparecencia a más de una audiencia, 10 pesos por kilómetro.

En Proseguros, la tabla de precios para la facturación de los abogados, varía en materia civil entre 750 y 12.000 pesos, lo mismo se aplica en materia penal (750 hasta 12 mil pesos)

Mientras, que en Mapfre BHD, las tarifas fluctúan, en materia civil, entre 870 y los 4.060 pesos; en Segundo Grado de Jurisdicción, los precios van desde los 870 y los 5,220 pesos; y en Suprema Corte de Justicia, los valores rondan entre los 870 y 8,120 pesos.

En uno de los casos por los cuales el bufete de Rosario cobró más de 1,353,000 pesos, la factura detalla copia de un dictamen, copia de una sentencia, un memorial de defensa depositado por la Lotería y 7 actos de Alguacil.
CORTE. Ramón Antonio Veras, abogado.

Curiosamente, tres de las facturas de los cheques pagados por la Lotería al bufete Rosario Márquez y Asociados, detallan que el pago por la asesoría legal fue en virtud de la Ley N°302, sobre Honorarios Profesionales, y la Ley N°301, sobre Honorarios de Notarios.

Esta Ley, data de 1904, y aunque fue enmienda por ultima fue en 1988, es poco utilizada por abogados a la hora de fijar honorarios, ya que las tarifas que aparecen son mínimas, las cuales parten desde los 10 pesos y no sobrepasan los 550 pesos en muchos casos.

Otro cheque recibido por Rosario Márquez fue de RD$2 millones 205 mil pesos.

El mismo está relacionado a servicios legales prestados a la Lotería Nacional por un caso presentado encontra de la institución por Alfredo Paula y Asociados.

Se trata del levantamiento de un embargo retentivo u oposición que fue oído por el doctor José Elías Rodríguez Blanco, por si y por los doctores Alexis Diclo Garabito, y el propio Roberto Rosario Márquez, tal y como aparece en el documento de audiencia del 12 de septiembre del 2005.

El viernes pasado nos comunicamos con el asistente de Roberto Rosario Márquez para solicitar una entrevista para conocer su opinión sobre esta denuncia, sin embargo, nos dijeron que no concedería la entrevista porque, según Rosario, otros jueces de la JCE también han realizado asesorías mientras estuvieron en ese organismo. SIN

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La corrupción frena los negocios en la República Dominicana

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La corrupción constituye el principal obstáculo a la hora de hacer negocios en la República Dominicana, según el Informe de Competitividad Global 2010-2011 publicado este jueves por el Foro Económico Mundial.

De los 15 factores problemáticos identificados por la publicación, la corrupción en el país representa el 19.3 por ciento, seguida por la ineficiencia de la burocracia, con 12.8 por ciento, el acceso al financiamiento, con 10.7 por ciento, y las tasas impositivas, con 10.3 por ciento.

A continuación están las regulaciones fiscales, con 8.5 por ciento; la ineficiente provisión de infraestructura, 7.7 por ciento, y una fuerza laboral educada inadecuadamente, con 5.4 por ciento.

Completan los elementos negativos el crimen y robo, con 5.2 por ciento; la pobre ética en la mano de obra nacional, 4.9 por ciento; las regulaciones laborales restrictivas, 4.3 por ciento; la inestabilidad política, 3.1 por ciento; la inflación, 3 por ciento; pobre salud pública,3 por ciento; reglamento en monedas extranjeras, 1.5 por ciento y, por último, la inestabilidad del gobierno, 0.3 por ciento.

Los resultados obtenidos en los 15 indicadores evaluados, sitúan a la República Dominicana en el lugar 101 de los 139 países incluidos en el informe.

Competitividad

Este año, el país retrocedió 6 puntos en el Índice Global de Competitividad con relación al 2009, al pasar del puesto 95 al 101.

En el índice, mientras más cercana a uno es la posición obtenida por el país evaluado, más alto es su índice de competitividad. Los factores evaluados se agrupan en tres renglones: requerimientos básicos; potenciadores de eficiencia e innovación y factores de sofisticación.

En estos tres renglones del índice, el peor posicionamiento del país es en requerimientos básicos, en el cual ocupa la posición 107; en potenciadores de eficiencia, mejora hasta la posición 92, y en innovación y factores de sofisticación, alcanza el puesto 99, siempre en el conjunto de 139 países.

El Índice Global de Competitividad es un indicador construido por el Foro Económico Mundial y es calculado a partir de datos públicos y una encuesta anual realizada por el propio Foro. 7D

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Corrupción hasta en la sopa: el 40% de las instituciones del Estado no cumple Ley sobre Compra y Contrataciones Públicas

Más de un 40% de las instituciones del Estado no cumplen con la ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones Públicas, menos de un 10% lleva a cabo los procesos de licitaciones y una gran parte no publica todas las informaciones en su página web.

Así lo dieron a conocer varias organizaciones empresariales y de la sociedad civil, mediante la Mesa de la Iniciativa Participativa Anti Corrupción (IPAC), las cuales indicaron que la ley 340-06 no se está cumpliendo en la mayoría de las instituciones debido a la falta de compromiso de los funcionarios y a la ausencia de mecanismos adecuados de supervisión y de control de los órganos estatales correspondientes.

Los miembros de la sociedad civil entienden que hay poca voluntad política para cumplir con la normativa vigente y afirmó que las leyes son para cumplirlas íntegramente, no a medias ni en dependencia de las conveniencias o criterios de los funcionarios intervinientes.

El director de Participación Ciudadana (PC), Javier Cabreja, expresó que el portal Compras Dominicanas es poco funcional, ya que no ofrece herramientas para el monitoreo y control de los procesos de compras y contrataciones.

Indicó que este portal es simplemente informativo, no permite manejar transacciones y sólo presenta parte de las informaciones exigidas por la ley.

Los resultados de la mesa del IPAC indican que la lucha contra la corrupción no tiene posibilidad de éxito si no se aplican correctamente las leyes, normas y procedimientos de control diseñados para evitar manejos inadecuados de los recursos del Estado, y si los ciudadanos no reclaman las sanciones a los responsables de de actos ilegales. LD

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Corrupción al destape!

La denuncia del director del Departamento de Combate a la Corrupción Administrativa sobre el auge y la impunidad que rodean la práctica ha colocado el Gobierno a la defensiva. Mientras funcionarios y legisladores oficialistas claman pruebas de los 104 mil millones de pesos que dijo Hotoniel Bonilla se han malversado en los últimos 10 años, entidades empresariales han utilizado la denuncia para cuestionar la corrupción y la falta de transparencia en el Gobierno. La Federación de Asociaciones de Empresas Comerciales señaló que el Gobierno no tendría necesidad de penalizar aún más al sector productivo con solo aplicar las normas y las leyes anticorrupción. Bonilla, quien ha sido bombardeado desde todos los flancos, se quejó de que sólo un 5 por ciento de los escándalos de corrupción investigados por su departamento ha sido conocido por los tribunales. El ex presidente Hipólito Mejía aprovechó para exigir a Bonilla que tenga el valor de actuar, en tanto Guillermo Moreno señaló que el departamento de Bonilla debe ser clausurado. Y no son todas las críticas. EN
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Titular de la DPCA reiteró que el 95% de los casos de corrupción ha quedado impune

SD. El titular de la Dirección Nacional de Persecución a la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, ratificó que casi ningún funcionario de alto nivel ha sido sancionado por presuntos actos de corrupción, contrario a lo que se advierte en algunos de los procesos contra implicados de menor jerarquía o de personas ajenas al sistema político.

El funcionario dio a conocer datos estadísticos sobre los 22 principales casos de corrupción en el Estado de los últimos 10 años que revelan la malversación de unos RD$104 mil millones.

Bonilla afirma que ante los justificados reclamos de diversos sectores, entre ellos el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, pone a disposición de la ciudadanía los casos desde el 2000, abarcando las tres últimas gestiones que ha tenido la DPCA.

Citó los casos de la condena del director Fronterizo de Aduanas, Yorman Vásquez, sentenciado a tres años de prisión por un soborno de RD$1 millón, una ex tesorera de la Dirección General de Migración condenada a tres años de prisión por malversar RD$1.3 millones y el caso de Inaguja por RD$1.8 millones, entre otros. DL
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Corrupción en RD equivale a 2.900 millones de dólares

Santo Domingo, (EFE).- Los actos de corrupción conocidos en República Dominicana en los últimos 10 años han resultado en la malversación de unos 2.900 millones de dólares, según denunció este viernes el funcionario responsable de perseguir ese flagelo en el país en declaraciones a la prensa local.

El director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, precisó que el 95 por ciento de los casos de corrupción hecho públicos permanecen impunes debido a que la justicia no aplica la ley a todos los acusados por igual.

Aseguró que cuando los tribunales conocen un expediente acusatorio contra un funcionario de menor jerarquía las pruebas son suficientes y se llega a juicio de fondo, mientras que todo lo contrario sucede cuando los funcionarios son "poderosos".

Bonilla involucró en su denuncia a los fraudes bancarios cometidos en el país en 2003 y que estuvieron a punto de causar el colapso de la economía dominicana.

Destacó que los fraudes y la posterior quiebra de tres bancos en 2003 significaron la malversación de casi 2.000 millones de dólares, los que fueron asumidos por el Estado para garantizar los recursos a los ahorradores de esas entidades financieras, "en violación" a la ley bancaria, aseguró.

Bonilla también dijo que el sistema de justicia dominicano "no está concebido" para perseguir y sancionar penalmente a los políticos.

"El sistema político mantiene mucha incidencia sobre el sistema judicial, incluido el Ministerio Público, la Policía (Nacional) y todos los organismos de la investigación", explicó.

El funcionario indicó que ha llegado a esas conclusiones, tras su permanencia de más de cinco años como director del Departamento Anticorrupción dominicano.

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La Presidencia es la institución más “oscura” del Estado

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- En un estudio dado a conocer por Participación Ciudadana (PC), la Presidencia de la República resultó ser la instancia menos transparente del Estado dominicano.

Aunque la Presidencia sale con la peor puntuación y considerando que es corazón y cerebro del Estado, al concentrar las decisiones más importantes y subordinar el resto de los poderes públicos, PC determinó que la transparencia de las instituciones estatales registra una cierta mejoría, por el hecho de que 12 de las 21 más importantes obtuvieron por encima de 60 puntos en la evaluación.

El trabajo investigativo fue realizado por Isis Duarte, Julia Hasbún y Juan Montero, y fue financiado con recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

De acuerdo con la evaluación, la Procuraduría General de la República es la institución con la gestión más transparente, con un índice de 99 puntos, seguida por Salud Pública con 94 y Administración Pública con 93.

Otras instituciones que salen bien paradas en transparencia, según los parámetros de Participación Ciudadana, son los ministerios de Relaciones Exteriores (88.4) y Deportes (82.8).

Los menos transparentes resultaron ser los ministerios de la Presidencia (1.9), Educación Superior (7.6), Interior y Policía (11.5). También entre las entidades estatales con gestión menos transparente están las Fuerzas Armadas (27.1), Hacienda (35.1) y Cultura (39.4).

“Nuestra institución, en el marco del programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, con el apoyo de la USAID, pone a disposición de la ciudadanía la segunda entrega del Índice de Cumplimiento de Normas que promueven transparencia en la gestión pública correspondiente al 2010, el cual incluye a los 20 ministerios y a la Procuraduría General de la República”, dijo Santiago Sosa, coordinador de la entidad cívica, al dar a conocer el informe.

La indagatoria se hizo básicamente sobre el cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la de Compras y Contrataciones, así como la de Función Pública.

Según Participación Ciudadana, el índice no implica que haya más o menos corrupción, porque “no se trata de un instrumento de verificación o identificación de este factor, que sería muy complejo sin una minuciosa auditoría”.

Con excepción del Ministerio de Obras Públicas, todas las instituciones evaluadas por segunda vez aumentaron su puntuación, que en promedio pasó de 42.6 puntos en 2007 a 74.4 puntos en 2010.

“Esto revela un progreso en los esfuerzos por una mayor transparencia en la gestión pública, y es un buen indicador de los valioso que puede resultar este tipo de instrumento”, declaró Participación Ciudadana. 7D

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Acusaciones alarmantes

La detención por supuesta extorsión de los comandantes y los subcomandantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en Puerto Plata y San José de Ocoa exacerba la descomposición que se siente en el país. La detención de los oficiales, que no es la única de estos días, ocurre cuando se denuncia que fiscales cobran peaje para excluir o suavizar los sometimientos de delincuentes. A los casos de los comandantes de San José de Ocoa y Puerto Plata se suman el apresamiento de la dotación completa de la DNCD en Samaná bajo la acusación de recibir dinero del narcotráfico en la provincia, así como el sometimiento de varios agentes de Boca Chica que habrían dispuesto de cocaína incautada en operativos para venderla en la calle. Puede servir de consuelo que la DNCD no encubra a sus agentes involucrados en el narco, pero no deja de causar inquietud que el negocio penetre las esferas de poder. Es la propia DNCD la que ha denunciado que oficiales extorsionaban a la gente con sumas que oscilan entre 29 y 60 mil pesos para no implicarla en expedientes relacionados con el tráfico de drogas. Y puede darse por descontado que no es todo. El caso es que el asunto es grave y demanda la atención de las autoridades. EN
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24 fiscales sometidos por cargos graves

El director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Ramón Emilio Núñez, reveló que en los últimos años 24 fiscales han sido sometidos en todo el país por ante el Tribunal Disciplinario de esa instancia por incurrir en indelicadezas en el ejercicio de sus funciones.

De esa cantidad, Núñez dijo que 18 fiscales fueron suspendidos y destituidos de forma definitiva por la comprobación de faltas en el ejercicio de sus funciones.

Al ser consultado sobre las irregularidades de fiscales adjuntos, a los cuales se les involucra en transacciones para favorecer a inculpados en distintos hechos criminales, Núñez expresó que ahora más que nunca es imprescindible el fortalecimiento del Ministerio Público y el apego a la ética de sus representantes.

Sostuvo que en cada una de sus actuaciones el Ministerio Público debe ceñirse a la ética, dado las delicadas tareas que la Constitución y las leyes confieren a esa institución.

“Confío en que en los casos aludidos, las denuncias serán investigadas de manera apropiada y que en los casos que estuvieren debidamente sustentadas se promoverán las sanciones que correspondan”, expuso.

Apuntó que la carrera del Ministerio Público no está exenta de graves riesgos y que esto obliga a que sus integrantes sean extremadamente respetuosos de la dignidad y el buen nombre de la entidad. “Este tipo de preocupación es siempre oportuna y se suma al esfuerzo que realiza el Ministerio Público en el proceso de instalación de una carrera conforme lo establece la ley.

CAPACITAN A 74 ASPIRANTES A FISCALES

Dijo que en la actualidad hay 74 aspirantes a fiscales que cursan el Programa Inicial de Formación, tras haber participado en el concurso público de oposición, “y desde el primer día de su capacitación insistimos en el tema de la ética en el servicio público y el Sistema de Integridad Institucional que el Ministerio Público ha adoptado como política pública”, destaca Núñez.

Indicó que la Escuela Nacional del Ministerio Público, como órgano de capacitación inicial de los aspirantes a fiscalizador y de formación continua de los fiscales en funciones, ha seguido con especial interés y desde su inicio las denuncias que a través de este diario se han estado publicando sobre las irregularidades cometidas por representantes del Ministerio Público en algunas jurisdicciones.

Propician la evaluación

Núñez destacó la importancia de las publicaciones sobre irregularidades en el Ministerio Público, toda vez que propician el conocimiento “de la evaluación de las instituciones, organizaciones y personalidades de la vida jurídica nacional respecto de las actividades denunciadas”. EC

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Mafia de fiscales es vieja

Organizaciones de la sociedad civil confirmaron ayer la denuncia de que fiscales a cargo de investigaciones criminales negocian con imputados su exclusión de expedientes, situación que advierten atenta contra la transparencia del Ministerio Público.

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) reveló, incluso, que en las provincias Santo Domingo y La Altagracia se ha establecido una especie de sistema tarifario para la resolución de casos, teniendo como actores principales a fiscales que ponen precio al ejercicio doloso de librar de culpas a personas vinculadas a diferentes hechos criminales.

El coordinador general de Adocco, Julio César de la Rosa, asegura que en los municipios Higüey y San Cristóbal “la gente acude ante el Ministerio Público convencida de que no tendrán la receptividad que procuran, porque quien carece de recursos no le queda otro camino que no sea el de las lamentaciones”.

Sostiene que la fraudulenta práctica de negociar la libertad de presos antes de llegar a los tribunales o ablandar sus expedientes para que sean absueltos por falta de pruebas, no es algo nuevo en el país. “Es un secreto a voces, del que no es ajeno las autoridades del Ministerio Público y el Poder Judicial, y eso es por la falta de vigilancia con que opera el sistema, en donde fiscales y policías han sido denunciados como participantes del tumbe de drogas, constituyéndose la acción en una vergüenza para el sistema de justicia”, apunta.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, coincide con De la Rosa en que la cuestionada actuación de los fiscales es frecuente en las responsabilidades asignadas a estos miembros del Ministerio Público.

“¿Cómo vamos a resolver este problema?, porque el problema está. Esa situación que se está dando en la Policía, en donde muchas veces vemos personas que no se comportan acorde con la posición que ocupan, eso también se da en el Ministerio Público”, asegura.

Castaños Guzmán considera que para corregir estas anomalías el Ministerio Público debe iniciar, sin demora, un proceso de depuración de sus miembros. Esto, con la finalidad de separar de sus funciones y someter a la Justicia a representantes que, haciendo uso de sus cargos, extorsionan a inculpados o actúan en contubernio con criminales.

“Esa gente hay que tenerlas permanentemente vigiladas. Estas son de las cosas que hay que seguir desmontando a lo interno de esta institución, porque eso atenta contra la carrera y contra una serie de fiscales que habiéndose sometido a exámenes o evaluaciones de desempeño, terminan contaminados también”, afirma.

Para el coordinador de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, las irregularidades se derivan de la discrecionalidad que en el archivo de los expedientes otorga a los fiscales el artículo 281 del Código Procesal Penal. “Esto es lo que le ha servido para esconder esas actividades, ajena a la ética y la moral que se están perpetrando a lo interno del Ministerio Público”.

Para que la sociedad tenga una idea de la gravedad de las denuncias, sugiere la realización de un inventario para conocer la cantidad y el contenido de expedientes archivados por los fiscales. “Ahí vamos a encontrar horrores. Es decir, casos graves que son archivados bajo el subterfugio o alegato de que no hay suficientes pruebas o que existe la imposibilidad material de aportar o buscar nuevas pruebas”.

Vidal Potentini está convencido de que sólo si se levantan estadísticas de los casos archivados se podrá observar el abismo de impunidad que esconde esta práctica tramposa en el manejo de expedientes. Asimismo, entiende que los datos que arroje un inventario de expedientes archivados deberían servir de base a las evaluaciones que realiza la Escuela del Ministerio Público a los fiscales. EC

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Cree fiscales adjuntos prostituyen el código procesal penal y abusan de la discrecionalidad

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) cree fiscales adjuntos prostituyen el código procesal penal y abusan de la discrecionalidad y facultades que poseen en la investigación de los crímenes y delitos, beneficiando la delincuencia a cambio del pago de sobornos. Trajano Vidal Potentini, Presidente de la FJT, cito como acciones claras y evidentes del manejo doloso de los expedientes por parte de los fiscales adjuntos, el dejar vencer los plazos procesales, negligencia y dejadez en el proceso de investigación, recolección de pruebas contaminadas y por consiguiente ilegales e inadmisibles y en ocasión de las vistas de medidas de coerción, en principio piden la prisión preventiva, lo cual se hace constar por escrito y posteriormente coinciden con los argumentos de la defensa, sin dejar rastros de esta coincidencia en razón de que las argumentaciones no se plasman por escrito.

Otro punto, que a juicio de la FJT, constituye sin lugar a dudas el talón de Aquiles de las acciones de los fiscales adjuntos lo es la discrecionalidad y poder que le acuerda el artículo 281 del Código Procesal Penal para archivar los expedientes bajo diversos argumentos ejemplos: cuando no existan suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho; cuando los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos; cuando un obstáculo legal impida el ejercicio de la acción; porque el hecho no constituya una infracción a las leyes penales; por la concurrencia de un hecho justificativo o que la persona no pueda ser considerada penalmente responsable; en fin cuando a juicio del fiscal actuante proceda aplicar un criterio de oportunidad.

Todo este poder y margen de discrecionalidad con que actúan los fiscales ha servido para esconder acciones y conductas, ajenas a la ética y la moral que se están perpetrando a lo interno del Ministerio Público.

Para que la sociedad tenga una idea de la gravedad de la denuncia, que hacemos, argumentó Potentini, que solo bastaría con realizar un inventario para conocer la cantidad y el contenido de los expedientes archivados por los fiscales. “Ahí vamos a encontrar horrores. Es decir, casos graves de narcotráfico, lavado de activos, robos y homicidios que son archivados bajo el subterfugio o alegato de que no hay suficientes pruebas o que existe la imposibilidad material de aportar o buscar nuevas pruebas”.

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), está convencida de que sólo si se levantan estadísticas de los casos archivados se podrá observar el abismo de impunidad que esconde esta práctica inmoral en el manejo de expedientes. Asimismo, entiende que los datos que arroje un inventario de expedientes archivados deberían servir de base a las evaluaciones que realiza la Escuela del Ministerio Público a los fiscales, verificando su rendimiento en el fallo, seguimiento y condena de los casos tratados.

Trajano Potentini, saluda la decisión del Procurador General de la República, de conformar una comisión para investigar la participación de fiscales en hechos dolosos, y sugiere a la comisión empezar las indagaciones por los expedientes de crímenes graves archivados por los fiscales. De igual forma reconoce, que en el Ministerio Público se advierten avances en el orden institucional, por el desarrollo e implementación de la ley 78-03 que instituye el Estatuto del Ministerio Público; así como por la nueva Constitución que crea el Consejo Superior del Ministerio Público; y en el caso particular de la Procuraduría General de la República, hoy día se le registra como una de las instituciones con mayores niveles de transparencia en su manejo interno, cosa que no ocurre con los fiscales en la mayoría de las provincias del país. ND

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Revelan fiscales ‘negocian’ con arreglos extrajudiciales

Fiscales adjuntos de investigaciones criminales estarían “negociando” con personas involucradas en expedientes a cambio de desvincularlos de las acusaciones o, en su defecto, lograr que lleguen a los tribunales sin ningún tipo de sustentación.

Datos ofrecidos a El Caribe dan cuenta de que representantes del Ministerio Público presuntamente se “transan” con personas vinculados a crímenes diversos, instrumentándoles expedientes con elementos de juicios blandos, para lograr que caduquen durante el proceso de investigación, o que cuando sean juzgados queden en libertad simplemente por falta de pruebas.

Conforme las informaciones confiadas a este rotativo, esta situación se ha ido al extremo en que personas que temen ser sentenciadas no sólo reciben ofertas para “negociar”, sino que ofrecen por cuenta propia determinadas sumas de dinero para conseguir expedientes carentes de fundamentos y sin sustancia investigativa suficiente para enjuiciarlos y enviarlos a prisión.

Dos casos a los que reporteros de este diario tuvieron acceso ocurrieron a personas residentes en la provincia Santo Domingo. Se supo que los fiscales que trabajaban en sus expedientes convidaron a estos sujetos a “negociar” la posibilidad de no someterlos ante los tribunales.

Estas denuncias surgen en momentos en que entre la Policía Nacional y el Ministerio Público existe un pugilato soterrado sobre la potestad de emitir orden de libertad de personas detenidas para fines de investigación. El Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público es quien encabeza la investigación y lleva la voz cantante en la instrumentación de expedientes. Antes era la Policía quien tenía esa prerrogativa.

Las denuncias de cobrar para soltar presos en los cuarteles llegaron hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entidad que ha servido de receptora de decenas de casos de extorsión por parte de fiscales adjuntos.

El presidente de esta entidad, Manuel María Mercedes, dijo que las informaciones de fiscales alegadamente envueltos en actos de corrupción provienen de las provincias San Juan de la Maguana, San Cristóbal y Santo Domingo, generalmente. Revela que han sido suministradas por gente que han dado dinero por cuenta propia o a solicitud de representantes del Ministerio Público.

“No es solamente que le piden, sino que le han ofertado dinero y lo han dado. Tenemos los registros de las personas.

No son casos aislados, sino que han sido varias denuncias. Nosotros suscribimos y establecemos que hemos recibido de manera institucional y personal esas denuncias”, apunta Mercedes. El activista de los derechos humanos adelantó que aunque han confirmado casos concretos de extorsión esperarán hasta terminar las averiguaciones, para entonces dar a conocer detalles precisos de estas delaciones.

Las denuncias contractan con el esfuerzo del Ministerio Público para fortalecer su radio de acción a través de la conformación de las Fiscalías Barriales, proyecto ideado precisamente con la finalidad de terminar con los actos de corrupción en los cuarteles.

Informes son confidenciales

Las personas que se han acercado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar a los fiscales alegadamente corruptos lo hacen de forma discreta, pero confían en que las autoridades procedan a investigar de manera exhaustiva esas anomalías, las cuales van en detrimento de la imagen del Ministerio Público. EC

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Procurador instruye investigar denuncias de corrupción contra fiscales

El procurador general de la República Dominicana, Radhamés Jiménez, instruyó hoy investigar una denuncia acerca del presunto cobro de dinero por parte de fiscales adjuntos a personas involucradas en acciones graves a cambio de lograr su exclusión de los expedientes. La investigación estará a cargo del director del Departamento de Asuntos Internos de la Procuraduría, Bolívar Sánchez, y de los fiscales del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, Alejandro Moscoso Segarra y Perfecto Acosta, respectivamente, según un comunicado de la Procuraduría.








Jiménez instó a la comisión realizar "una profunda y exhaustiva investigación", con relación a la denuncia publicada hoy en el periódico El Caribe acerca de las supuestas irregularidades cometidas por fiscales adjuntos a cargo de investigaciones criminales y de naturaleza delictiva.

De acuerdo con el diario, fiscales adjuntos "estarían negociando con personas involucradas en expedientes a cambio de desvincularlos de las acusaciones o, en su defecto, lograr que lleguen a los tribunales sin ningún tipo de sustentación".

La información advierte que la situación ha llegado al extremo de que no sólo los acusados reciben ofertas por parte de los fiscales para negociar sus casos, sino que éstos mismos ofrecen de manera personal dinero a cambio de conseguir "expedientes carentes de fundamentos y sin sustancia investigativa suficiente para enjuiciarlos y enviarlos a prisión".

Las denuncias, agregó El Caribe, llegaron hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, "entidad que ha servido de receptora de decenas de casos de extorsión por parte de fiscales adjuntos".

El presidente de esta entidad, Manuel María Mercedes, señaló en la información que las denuncias de los fiscales supuestamente involucrados en estos actos, proceden en general de las provincias San Juan de la Maguana (suroeste), San Cristóbal (sur) y la capital del país, Santo Domingo, generalmente.

"No es solamente que le piden, sino que le han ofertado dinero y lo han dado. Tenemos los registros de las personas", aseguró.

El procurador dominicano aseguró, tras solicitar la investigación del caso, que de comprobarse la denuncia "aplicaremos las sanciones correspondientes". EFE

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Cinco agentes de la PN presos por tumbe de cocaína

SANTO DOMINGO.- Cinco policías y un informante del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional fueron condenados a tres meses de prisión preventiva como medida de coerción por un tumbe de 12 paquetes de cocaína.

La medida fue tomada por el Segundo Juzgado de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo tras acoger una solicitud de la Fiscalía de esa demarcación.

El juez Richard Fidel Aquino Natera dictó tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Operaciones Especiales contra el informante Andrés Julio Segura Cáceres, conocido como "El Gordo"; el primer teniente Alberto Rodríguez Marcelino y los rasos César Agustín Díaz Pérez y Luiggy Ruiz Mendoza.

El dispositivo de las medidas de coerción también contempla que el segundo teniente Manuel Altagracia Joaquín de Jesús y el cabo Francisco Alberto Suero Andújar deben pagar a través de una compañía aseguradora la suma de RD$300 mil para salir en libertad bajo fianza, pero con impedimento de salida del país y presentación los días 15 y 30 de cada mes ante la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo.

Los cinco miembros de la Policía y el informante están acusados de la desaparición de 11 de 12 kilos de cocaína incautados a un hombre sólo identificado como Emilton, el otro kilo le fue decomisado a Andrés Julio Segura, "El Gordo".

El fiscal de la provincia de Santo Domingo, Perfecto Acosta, advirtió que este caso, al igual que otros de la misma naturaleza, evidencian que en su gestión no hay vacas sagradas y que el que delinque debe responder ante la justicia.

El magistrado Acosta se puso al frente de otra investigación que se lleva a cabo la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo en torno a miembros de la dotación de la Dirección Nacional de Control de Drogas con asiento en Boca Chica, que fueron apresados. DL
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Denuncian policías exigieron 80 mil pesos para soltar a sus parientes

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Los familiares de los detenidos Luis Manuel de la Rosa Santiago y Juan Carlos Restituyo denunciaron este viernes ante la Fiscalía del Distrito Nacional que ocho policías exigieron 80 mil pesos para liberar a los jóvenes.

De acuerdo con el tío de una de las víctimas, Jenny Domingo, los policías del Departamento de Narcóticos, ubicado en la avenida Máximo Gómez con San Martín, exigieron a los familiares 80 mil pesos y cómo solamente tenían 50 mil, le pusieron droga.

“Ellos son del Departamento de Narcóticos, lo detuvieron en el kilómetro 9 de la autopista Sánchez. Ellos dicen que no querían 50, sino 80. Si no lo buscaban, saben lo que tienen que hacer”, explicó Domingo, que le dijeron los policías por teléfonos.

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Como la familia no llegó a un acuerdo económico con los agentes policiales, los familiares de los jóvenes aseguraron que los policías le pusieron 25 gramos a uno y 27 gramos a otro, por lo que procedieron a hacer un expediente equivalente a 52 gramos de cocaína.

De su lado, la esposa del detenido Rosa Santiago, quien no quiso ser identificada por temor, grabó las llamadas reiterativas que le hicieron los policías para exigirle el precio a pagar por los dos jóvenes.

La esposa de Luis Manuel le dice por la vía telefónica al policía: “Oye, ¿qué se va a hacer?. Vamos a entregarte la mitad y en la semana yo te doy la otra parte”, se escucha cuando el supuesto policía le dice ¿cuánto tú tienes?, y ella le dice que tiene la mitad, pero él agente le contesta “no está completo”.

De acuerdo con la versión de los familiares, una vez que los agentes policiales apresaron los dos jóvenes, se mantuvieron dando vueltas con ellos para darle tiempo a que consiguieran el supuesto dinero que repartirían en partidas de 10 mil pesos cada uno.


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“Ellos fueron agarrados en el kilómetro 9 y medio de la carretera Sánchez, pero la Policía dice en el expediente que a ellos lo agarraron en Villa Consuelo”, explicó Domingo.

Los jóvenes tienen 25 años, uno de ellos trabaja en una carnicería, y el otro estaba desempleado. El pasado miércoles, cuando los apresaron, estaban juntos.

Según la esposa de uno de los detenidos, después de haber denunciado el hecho ante la Dirección de Narcóticos de la Policía Nacional, una agente conocida como Patricia, quien es raso, y otro conocido como Piyoyo son parte de los que la sobornaron.
Ante esta amarga experiencia, los familiares dijeron que éstos son policías corruptos que les ponen droga a los ciudadanos para sobornarlos.

“Y yo temo por mi vida. Cualquier cosa que me pase, ellos son los culpables, ellos son policías corruptos, ahí están involucrados ladrones y policías”, sostuvo la esposa de Luis Manuel de la Rosa Santiago, quien pidió no ser identificada por temor a represalias.
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Depositan querella contra Sued por supuestas irregularidades en cabildo Santiago

SANTO DOMINGO, RD.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) depositó este lunes ante la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) una querella contra el alcalde saliente del Ayuntamiento de Santiago, José Enrique Sued, por el supuesto manejo irregular de más de mil millones de pesos durante su gestión. El coordinador general de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio, dijo al entregar la querella, que Sued manejó el ayuntamiento de Santiago como si se tratara de un patrimonio familiar, donde benefició a gran parte de su familia y amigos cercanos con otorgamiento de obras grado a grado, en flagrante violación a la ley 340-06, que trata sobre las obras y contrataciones públicas.

Indicó que José Enrique Sued fue tan indelicado en el cargo, que en fecha 4 de marzo del 2008 autorizó la orden de compra No. 13409 a favor de la entidad comercial OMB CARIBE, sin dirección ni otras especificaciones legalmente mandatarias, para la adquisición de 6 camiones compactadores marcas Mercedes Benz CWS, cajas desmontables y contenedores.

Dentro de la querella depositada por ADOCCO, tanbien se presentaron contratos, facturas, autorizaciones, solicitudes de confecciones de cheques, testimonios, así como fragmentos de la obra del periodista Esteban Rosario, titulada “La Corrupción en los Ayuntamientos de Santiago, que recoge informaciones de las serias irregularidades que supuestamente ha habido en el Ayuntamiento de Santiago.

De la Rosa Tiburcio aseguró que el DPCA no necesita de la auditoria que está haciendo la Cámara de Cuentas en el cabildo santiaguero, ya que con las pruebas que están aportando son más que suficiente para no esperar,que la institución fiscalizadora del Estado se decida a entregar el informe de auditoria.

Mientras que el presidente de la DPCA, Hotoniel Bonilla, se comprometió a darle seguimiento e investigar las ejecuciones administrativas del Ayuntamiento de Santiago, sobre todo con respeto a diversas contrataciones de obras irregulares que también fueron denunciadas. ND

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FENATRANO estafó al Estado con más de RD$13 millones

SANTO DOMINGO.-Una auditoría practicada por La Cámara de Cuentas de La República Dominicana a La Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (FENATRANO) determinó que el gremio choferil estafó al Estado dominicano con más de RD$13 millones, con la retención de fondos pagados por los adquirientes de vehículos del desaparecido Plan Renove, por concepto de cuotas y seguros. El director del Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET), Cristóbal Cardoza, informó que la Cámara de Cuentas sugiere a la Fiscalía del Distrito Nacional, quien solicitó la investigación, que en caso de que FENATRANO no presente documentos que demuestren haber cumplido con la entrega de los fondos faltantes, proceder de acuerdo a la ley sobre la materia.

De acuerdo al funcionario, la auditoria comprobó que el gremio choferil retuvo 4 millones 562 mil 303 pesos con 18 centavos por concepto de pago de cuotas, y 8 millones 981 mil 34 pesos con 79 centavos por concepto de seguros para vehículos que fueron pagados con dos cheques sin fondos.

Según las informaciones suministradas por el FONDET, de los cheques sin fondos numerados con el No.8 y el No. 000723 del 17 de febrero del 2004 y 2 de julio del 2004 respectivamente, no hubo reposición por parte de FENATRANO.

Asimismo, señala el funcionario que además de la estafa al retener fondos públicos que debieron ser depositados en el organismo que dirige, la entidad que agrupa a los transportistas cometió otro delito penal al otorgar cheques sin fondos.

Cardoza informó que recibió una copia de la auditoria practicada a FENATRANO, a cargo de los auditores de la Cámara de Cuentas Jorge Ventura y Kennedy Fernández.

El informe de La Cámara de Cuentas con el número –DGA-CI-0256-2009- abarcó la investigación de 56 casos de choferes adquirientes de unidades del desaparecido Plan Renove, donde los dueños de los vehículos expresaron mediante declaración jurada que habían pagado a –FENATRANO- como entidad intermediaria, pero que la agrupación del transporte no entregó dichos fondos al Estado en su totalidad. ND

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