
"Esta nueva norma, que tendrá carácter retroactivo, también establece unos requisitos mínimos de calidad comunes para todos los centros que practiquen abortos". El real decreto al que ha tenido acceso 'El País', ha sido elaborado por el Ministerio de Sanidad junto con el de Justicia e Igualdad y pretende que no se sucedan situaciones como la vivida hace meses cuando la Guardia Civil fue a casa de mujeres que habían interrumpido su embarazo.
Actos como éste ha llevado al Gobierno a elaborar esta norma para " dar mayor seguridad jurídica a las mujeres que aborten y derecho a la confidencialidad". Así, el real decreto establece que los datos personales de las mujeres sean secretos desde el momento en que la mujer acuda a una de estas clínicas autorizadas a pedir información.
Sólo por orden de un juez
Para la protección de estos datos, los centros deberán crear ficheros automatizados donde se separe claramente los datos personales de la paciente de su historial clínico. De esta manera los datos de las mujeres estarán ocultos bajo un código que se le entregará al inicio de la prestación sanitaria. La revelación de estos datos sólo podrá hacerse por orden de un juez.
De aprobarse la norma, las mujeres que se hayan sometido a una interrupción voluntario del embarazo también tendrán derecho a la confidencialidad de sus datos. Además, los centros que practiquen interrupciones deberán informar por escrito a la mujer de que todos sus datos estarán codificados y separados de su historial clínico. 20 mins

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