La Procuradoría General debe demostrar que nuestro país no es un refugio para capos y sicarios.

República Dominicana, (CD).-A la República Dominicana le ha tocado brillar en el escenario internacional con dos casos relacionados con fraude y crímenes por drogas en los últimos días. Es lamentable que sea esto lo que esté llamando la atención mundial sobre nosotros en los últimos días.

El caso de los hermanos cubanos José Manuel y Carlos Manuel Benitez tiene a las autoridades norteamericanas sobre nosotros, indagando cómo fue posible que se ejecutara durante varios años un fraude en el Medicare de Estados Unidos, por más de 100 millones de dolares, y que esos fondos se inviertan en propiedades y negocios en la República Dominicana.

Casos como este ocurren con frecuencia en Estados Unidos y en los países desarrollados. La Procuraduría General de la República ha actuado con diligencia en las investigaciones, luego de denunciado los responsables del fraude, quienes huyeron del país, se dice, con mucho dinero en efectivo.

Sin embargo, lo que preocupa, lo que alarma y debe llamar la atención de las autoridades es que haya ocurrido un crimen múltiple, en nuestros propios ojos, de personas de varias nacionalidades, y no haya habido ni siquiera alguna sospecha de las actividades de los extranjeros. Y que el crimen de siete personas haya ocurrido la madrugada del lunes y solo al mediodía del martes es cuando la Policía ofrece una versión limitada del terrible acontecimiento.

Nos referimos a lo ocurrido en la comunidad de Paya, Baní, en donde siete ciudadanos de distintas nacionalidades fueron acribillados a balazos y sus cadáveres fueron hallados amarrados, en un hecho al que se vincula a narcotraficantes internacionales.

El país debe ser resguardado y protegido del crimen organizado, sobre todo de la horrorosa práctica del ajuste de cuentas entre capos. Estos hechos son muy negativos para una nación que tiene el turismo como su actividad económica principal, con intangibles muy valiosos: la seguridad y la paz.

La Policía debe ser ágil, tanto como le sea posible, para determinar quiénes fueron los responsables de ese hecho, y si hubo conexiones con agentes policiales o cualesquiera otros sujetos que pudieran haberse amparado en la autoridad que otorga la representación oficial para cometer semejante crimen.

Hechos como estos no podemos tolerarlos. Debemos enviar un mensaje a la comunidad internacional de que nuestras autoridades y nuestra sociedad no transigen cuando se trata de combatir el crimen, y que la República Dominicana no es un refugio para capos y sicarios.

Publicado por: Sócrates Mercedes.-