Nuestras autoridades sienten que están por encima de la ley

La urgencia del gobierno en reunir los fondos para alimentar su agotado presupuesto y las inconvenientes medidas propuestas, nuevamente ponen en evidencia que nuestras autoridades sienten que están por encima de la ley.

Si el presupuesto está desajustado y tienen que buscar US$700 millones para cubrir el subsidio eléctrico, es porque decidieron cuadrar el presupuesto a las malas, ya que las autoridades del sector eléctrico habían advertido que el monto previsto para dichos fines era insuficiente y lo que se tiene que buscar ahora, es precisamente para alcanzar la cifra proyectada. Esto evidencia una grosera violación al principio de la sinceridad establecido en la ley orgánica de presupuesto, según el cual “todos los recursos y gastos deben ser estimados con la mayor exactitud y acuciosidad posible”.

Quizás era la forma de gastar lo que quisieran en el primer semestre y luego tener la excusa de buscar el dinero del subsidio, cuando todos sabemos que no fue que este aumentó sino que simplemente los recursos que tenían que preverse se querían gastar libremente en un año electoral.

La Ley 112-00 que establece un impuesto a los hidrocarburos se hizo con el objetivo de evitar la discrecionalidad que existía en el manejo del diferencial del petróleo, que distorsionaba la economía. Por eso dicha Ley establece un mecanismo de indexación trimestral que debe ser “puesto en vigencia automáticamente”.

En la reforma tributaria del 2005 se creó un impuesto adicional ad valorem para paliar la crisis económica, el cual se aumentó luego del 13% al 16%. Con el aumento de los precios del petróleo los impuestos a los combustibles elevaron significativamente las recaudaciones y las autoridades decidieron hacer lo contrario a lo que el legislador quiso evitar con el establecimiento de la indexación automática: manejar discrecionalmente los impuestos a los combustibles.

Ahora, luego de pasadas dos costosas elecciones y que se obtuvieron los resultados esperados, bajo la excusa de que estarían cumpliendo la ley, quieren equilibrar el presupuesto indexando retroactivamente los impuestos de los combustibles en un 19.6 %.

Las autoridades que no sólo violaron la ley de hidrocarburos al no indexar automáticamente los impuestos sino también la de presupuesto al no cumplir con la sinceridad requerida; si lograran su propósito de eliminar exenciones, se estarían además beneficiando sin justa causa, pues se supone que el presupuesto por mandato de la ley ya tomó en consideración el monto de las mismas.

No se puede aceptar que las autoridades aleguen su propia falta de violar la ley y pretendan imponer medidas para cargar retroactivamente a la población sin ninguna consecuencia, so pretexto de que necesitan recursos para equilibrar su desajustado presupuesto. Eso sería validar el viole la ley, gaste y cobre después. Marisol Vincens/CD