SANTO DOMINGO. Ninguno de los miembros de la Cámara de Cuentas interrogado anoche por la comisión especial de la Cámara de Diputados está dispuesto a renunciar a su cargo y así lo hicieron saber en privado y de manera pública. No obstante, los interrogatorios arrojaron más luz a los problemas internos que afectan al organismo auditor de las cuentas públicas.
Datos como que el secretario del bufete directo de la Cámara de Cuentas, José Gregorio, es sordo y que se le permitió a un hijo suyo, no identificado, a acudir a las sesiones del pleno, para que hiciera las transcripciones de las asambleas.
Andrés Terrero, presidente de la CC, habría confirmado a los diputados que los cargos del organismo fueron sorteados en una "fundita", de la cual cada miembro del pleno sacó el puesto que le tocaría. Y que, además, el 70% de los auditores carece de calidad para efectuar el trabajo de investigación.
Ésas son algunas de las novedades del primer interrogatorio a tres de los nueve miembros de la Cámara de Cuentas, en una sesión en la que los comisionados cambiaron el método de la investigación previamente acordado el pasado viernes, cuando se había decidido interrogarlos a todos juntos.
En cambio, los dividieron en tres grupos con tres miembros que serán cuestionados por separado.
El presidente de la comisión explicó posteriormente que querían juntar al pleno y explicarle que los interrogarían por separado.
El "intercambio de impresiones" con Terrero, quien en todo momento se mostró frío y confiado, duró 3 horas y 20 minutos.
En medio del interrogatorio, el vocero del bloque de diputados del Partido Reformista, Ramón Rogelio Genao, depositó "nuevas pruebas" que justificarían un juicio político a los integrantes de la CC, como que gastaron RD$100 millones por encima de los RD$300 millones que tenían asignados, para realizar 10 auditorías.
"Hemos depositado un dossier que contiene 10 documentos que prueban la mala conducta y la actuación negligente de los jueces del tribunal fiscalizador, que, adicionado a los seis que ya habíamos depositado en el pleno, son mas que suficientes para formalizar una acusación ante el Senado e iniciar el enjuiciamiento político de los magistrados en procura de su destitución", expresó Genao. Fte: DL
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